¿Es posible que un gobierno embargue criptomonedas? La verdad sobre la última amenaza de Hacienda

En los últimos años, las criptomonedas han ganado relevancia como una forma alternativa de inversión y transferencia de valor. Su naturaleza descentralizada y, en muchos casos, anónima, ha generado siempre preguntas sobre el control que los gobiernos pueden ejercer sobre estos activos digitales.

Para responder a esta pregunta, es importante analizar la estructura de las criptomonedas, las regulaciones actuales, y cómo los gobiernos han abordado esta cuestión.

¿Qué son las criptomonedas?

Las criptomonedas son monedas digitales que utilizan tecnologías criptográficas para asegurar las transacciones, controlar la creación de nuevas unidades y verificar la transferencia de activos. El Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) y otras criptomonedas funcionan a través de una red descentralizada, como la tecnología blockchain o cadena de bloques. Esto significa que no dependen de un intermediario central, como un banco o gobierno, para gestionar las transacciones.

Esta estructura hace que las criptomonedas sean difíciles de controlar por gobiernos o instituciones tradicionales. A diferencia de las cuentas bancarias o activos físicos, que pueden ser embargados por mandato judicial, las criptomonedas están diseñadas para ser más resistentes a la interferencia de terceros. Sin embargo, la posibilidad de embargo no está fuera del alcance de las autoridades.

Mecanismos legales

Cuando un gobierno decide embargar bienes, como cuentas bancarias o propiedades, lo hace generalmente bajo un marco legal bien establecido. Este proceso suele estar vinculado a actividades ilegales o deudas pendientes, y acaba por congelar activos mediante una orden judicial.

En los casos de cuentas bancarias, por ejemplo, un gobierno puede coordinar con las instituciones financieras bloquear el acceso del individuo a sus fondos. En cuanto a propiedades físicas, el gobierno puede apoderarse de ellas con relativa facilidad mediante un proceso judicial.

Las criptomonedas presentan un reto diferente debido a que no están centralizadas, y el acceso a ellas está controlado por claves privadas

Pero las criptomonedas no forman parte de este sistema debido a que no están centralizadas, y el acceso a ellas está controlado por claves privadas que sólo el propietario tiene.

Descentralizadas

La descentralización es uno de los principales atractivos de las criptomonedas, es decir, que no dependen de una autoridad central que pueda intervenir directamente las transacciones. Esto plantea una dificultad para los gobiernos que buscan embargar estos activos como sería el caso de Hacienda en España.

Las criptomonedas son almacenadas en billeteras digitales a las que se accede a través de una clave privada. Si un gobierno quiere embargar criptomonedas, en principio necesitaría obtener la clave privada del propietario. Sin ella, incluso si la existencia de las criptomonedas es conocida, sería prácticamente imposible acceder a los fondos.

Sin la clave privada sería prácticamente imposible acceder a los fondos

Además, muchas transacciones de criptomonedas pueden realizarse de forma anónima o con pseudónimo, lo que complica aún más rastrear la propiedad de los activos. Sin embargo, las criptomonedas que se compran y venden en intercambios centralizados ofrecen una vía para que los gobiernos intervengan.

Intercambios centralizados

Una forma en la que los gobiernos pueden embargar criptomonedas es a través de intercambios centralizados, como Coinbase, Binance o Kraken, donde los usuarios compran, venden y almacenan sus criptomonedas. Estos intercambios están regulados en muchos países y, en muchos casos, obligados a cumplir con las leyes locales, incluidos los mandatos judiciales.

Aunque la criptomoneda puede ser descentralizada, los servicios que permiten su compra y venta no siempre lo son

Si un usuario mantiene sus criptomonedas en un intercambio centralizado, un gobierno puede emitir una orden judicial a la plataforma para que congele o confisque los activos de una cuenta específica. Este proceso se asemeja al embargo de una cuenta bancaria tradicional, ya que el intercambio tiene control sobre los activos mientras estén en su custodia.

Esto significa que, aunque la criptomoneda en sí misma puede ser descentralizada, los servicios que permiten su compra y venta no siempre lo son, lo que abre una puerta a la intervención gubernamental.

Ejemplos de embargos

Existen varios precedentes donde los gobiernos han podido embargar criptomonedas. Por ejemplo, en 2020, el gobierno de los Estados Unidos confiscó más de mil millones en Bitcoin que estaban vinculados a actividades ilegales en la Darknet. Esto fue posible porque las criptomonedas estaban vinculadas a cuentas en servicios centralizados o transacciones rastreables.

Además, en varios países, los intercambios de criptomonedas deben cumplir con regulaciones de Conozca a su cliente (KYC) y Antilavado de Dinero (AML), lo que obliga a los usuarios a verificar su identidad. Este tipo de regulaciones facilita que los gobiernos identifiquen a los propietarios de criptomonedas y emitan órdenes judiciales cuando sea necesario.

Es difícil embargar criptomonedas si están completamente fuera del ecosistema centralizado

A pesar de estos mecanismos, es difícil embargar criptomonedas si están completamente fuera del ecosistema centralizado. Los usuarios que almacenan sus activos en billeteras privadas o carteras frías (aquellas donde ellos mismos controlan las claves privadas) tienen mayor capacidad para resistir el embargo. Sin acceso a la clave privada, ni el gobierno ni ninguna otra entidad pueden acceder a los fondos, incluso si están al tanto de su existencia.

Además, las criptomonedas pueden transferirse rápidamente y entre jurisdicciones, lo que dificulta la acción de las autoridades. Algunas personas utilizan criptomonedas con alto grado de privacidad, como Monero (XMR) o Zcash (ZEC), que están diseñadas específicamente para ocultar los detalles de las transacciones, haciendo aún más difícil rastrear y confiscar fondos.

El gobierno puede intervenir en intercambios centralizados o rastrear actividades ilegales

Es posible que un gobierno embargue criptomonedas, pero solo bajo ciertas condiciones. El gobierno puede intervenir en intercambios centralizados o rastrear actividades ilegales, pero si las criptomonedas están almacenadas en una billetera privada y el propietario no revela la clave privada, el embargo es prácticamente imposible.