¿Qué hace un fiscal general utilizando Gmail? Google podría negarse a entregar sus mails

la periodista María Jamardo desvelaba en El Debate el escrito registrado por los abogados de la pareja de Isabel Díaz Ayuso en el Tribunal Supremo: «Requerir a la mercantil Google Spain S.L. para que, en relación con la cuenta de correo electrónico de Gmail», personal, del fiscal general del Estado, remita: «copia, en formato digital, de todos los correos electrónicos recibidos y enviados que contengan, al menos, el siguiente texto: 'Estudiado el asunto, y de común acuerdo con Alberto González, les comunico que es voluntad firme de esta parte alcanzar una conformidad penal, reconociendo íntegramente los hechos (ciertamente se han cometido dos delitos contra la Hacienda Pública)'».

Una noticia avanzada hace meses por la propia Jamardo cuando contó que Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado había pedido a la fiscal Pilar Rodríguez que le reenviara a su cuenta de Gmail los mails cruzados entre el abogado del empresario Alberto González Amador con el fiscal Julián Salto, por entonces asignado a su causa penal.

Un fiscal con Gmail

La pregunta es qué hace un fiscal general del Estado utilizando una cuenta gratuita para tratar asuntos profesionales tan delicados. García Ortíz tiene una cuenta acabada en @gmail.com, como millones de personas en todo el mundo, pero también correos profesionales acabados en @fiscalia.es, @fiscal.es o madrid.org en el caso de Pilar Rodríguez. Madrid Digital es la empresa que tiene las competencias de estas cuentas en el caso de un requerimiento formal, pero puede que Google se haya convertido en el guardián de las comunicaciones extraoficiales del fiscal general.

Puede que Google se haya convertido en el guardián de las comunicaciones extraoficiales del fiscal general

En 2017 Google ya recibió una petición oficial de un juez para acceder a unos correos electrónicos, en este caso por un caso de asesinato en Vigo. La respuesta de Google fue que para revelar el contenido de comunicaciones exigía a la autoridad competente española que iniciara un proceso del Tratado de Asistencia Legal Mutua (MLAT) para obtener esos datos vía comisión rogatoria. Este proceso derivó en una orden de un tribunal de EE.UU. «En cualquier escenario, Google, bajo orden judicial, siempre ofrece los datos que se le requieren. Por ley debe ser así. Siempre colaboramos con la Justicia y órganos pertinentes», aseguró un portavoz de Google a La Voz de Galicia. Aunque tanto jueces como funcionarios han expresado en muchas ocasiones que el laberinto judicial tras una petición a Google acaba más de un año después tras dar innumerables vueltas en los circuitos judiciales norteamericanos.

La postura de Google

El Debate se ha intentado poner en contacto con Google, pero no ha recibido respuesta. En todo caso, en su web, en el apartado sobre Privacidad y Términos la empresa de Alphabet da una respuesta a todo este asunto que beneficia al fiscal general del Estado.

En Google recibimos solicitudes de divulgación de información sobre usuarios por parte de organismos públicos de todo el mundo. Revisamos detenidamente cada una de estas solicitudes para asegurarnos de que cumpla las leyes aplicables. Si en una solicitud se pide demasiada información, tratamos de delimitarla y, en algunos casos, nos negamos a proporcionar la información en su totalidad.

Gmail, el correo gratuito de Google pone a la tecnológica en el ojo del huracán si el Tribunal Supremo decide hacer esta petición de manera formal. Aunque su filial española no podrá tomar una decisión, será la justicia de Estados Unidos la que tenga la última palabra sobre si da una respuesta rápida con los mails solicitados o todo se vuelve desesperadamente lento como parece que podría suceder. También Irlanda podría tener algo que ver, aunque este país se suele ocupar de casos tributarios.

La forma en la que respondemos a una solicitud depende de cuál sea el proveedor de servicios de Google del usuario. En la mayoría de nuestros servicios el proveedor es Google LLC, una empresa de EE. UU. que se rige por la ley estadounidense, o Google Ireland Limited, una empresa de Irlanda que opera bajo la ley irlandesa.

Apple y Telegram

No es la primera vez que sucede algo así. Otras big tech se han visto requeridas por la Justicia en diferentes países para conocer datos personales de sus clientes por delitos tan graves como atentados terroristas. Apple se negó a desbloquear un iPhone de un sospechoso de terrorismo que mató a tres personas en Florida en 2020, un caso similar al de San Bernardino cuando se negó a desbloquear el iPhone del asesino y el FBI acabó accediendo con la ayuda de una empresa privada.

Apple se negó a desbloquear un iPhone de un sospechoso de terrorismo que mató a tres personas en Florida en 2020

En el caso de Telegram, su dueño Pavel Durov fue encarcelado en Francia acusado de varios delitos que, en realidad, se habían cometido en su plataforma. Durov se negó a dar los nombres de usuarios acusados de, entro otros, pornografía infantil en los chats de Telegram. Al final, la red social ha tenido que modificar sus reglas y acceder a este tipo de peticiones de organismos públicos para resolver casos que puedan suponer alarma social.

García Ortíz podría quedar protegido gracias a que los mails acabaron en Gmail. De haber seguido su cauce por cuentas oficiales, la justicia tendría más fácil acceder a las conversaciones y dar respuesta a la petición del Supremo.