La escuela de Canet de Mar, donde las familias que pedían estudiar en castellano sufrieron una campaña de acoso
La Fiscalía pide dos años de cárcel para los tuiteros que insultaron y acosaron a la familia de Canet
Según el ministerio público, en algunas publicaciones se hacían llamamientos al «aislamiento y a a la exclusión social»
«Terroristas», «colonos», «inadaptados», «nazis españoles supremacistas». Son algunos de los insultos que dedicaron en redes sociales usuarios de X, antes Twitter, a la familia de Canet de Mar que pidió más educación en español para su hija. Para ellos, para estos tres usuarios, la fiscalía de delitos de odio y discriminación pide dos años de cárcel, por hacer «comentarios humillantes» contra la familia. También señalaron con nombres y apellidos a los padres de la niña «para que viviera un infierno mediático».
Pero no solo se lanzaron insultos, sino que también hubo mensajes en los que se hacían llamamientos para aislar a la menor y fomentar su exclusión social. Así, por ejemplo, según recoge la fiscalía, uno de los usuarios propuso crear un grupo «P5Ñ», al que fuera sola la alumna. La misma fiscal precisa que el uso de Ñ, de esta letra, se hace en alusión al concepto 'ñordo' para «referirse despectivamente a los españoles».
Y todo ello, asegura el ministerio público, tenía como objetivo «generar en la familia sentimientos de angustia y dolor que les hiciera desistir de su pretensión, sirviendo además de aviso para otras que, como ella, pudieran tener idénticos planteamientos lingüísticos». Además de los dos años de cárcel, la fiscalía pide para los tuiteros 9.000 euros de indemnización a la familia por el «daño moral generado».
Y es que el hecho de que los comentarios de estos usuarios de las redes sociales se viralizaran, no hizo más que «incrementar de manera exponencial el efecto vejatorio y humillante y el sufrimiento de la familia». Desde luego, tras conocerse la sentencia del TSJC que ordenaba al centro a que ofreciera más educación en español, la familia sufrió semanas de acoso, no solo por parte de padres del centro, o por parte de tuiteros, sino también de la propia Generalitat, que se puso del lado de la dirección de la escuela; e incluso de políticos, que participaron en manifestaciones a las puertas del centro en protesta por la sentencia.
El TSJC llegó a ordenar, en una providencia, que tanto la consejería de Educación como la dirección del centro adoptasen las «medidas necesarias» para «preservar la protección e intimidad» de la niña y de sus padres, además de garantizar «la normal convivencia y el pacífico despliegue del entorno educativo».
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