Un Estado sin diputados: de la utopía de Rousseau a los atajos de Sánchez

La filosofía se presenta una y otra vez como una herramienta de gran utilidad para analizar muchas cuestiones de actualidad. Sin ir más lejos, la evaluación por competencias que se impone en los modelos educativos de hoy en día plantea que esta asignatura ayude a los jóvenes a realizar este tipo de ejercicios.

¿Es posible comentar las noticias de la jornada sobre la base teórica de los grandes pensadores de la humanidad? Requiere esfuerzo, pero los resultados pueden arrojar luz y fomentar ese espíritu crítico que tanto se persigue en nuestros días. El amago de Pedro Sánchez de no pasar por el Congreso de los Diputados para aprobar el aumento del gasto en Defensa puede servirnos como ejemplo.

La intención del presidente supone tomar una decisión de gran calado sin contar con el apoyo de una mayoría parlamentaria que, implícitamente, equivalen a un respaldo social. Por el contrario, Sánchez impone su voluntad y evita una aparente derrota en el Congreso. Pero todo esto es pura actualidad. Busquemos a un filósofo que tampoco apueste por la representatividad, aunque sea por otros motivos.

Encontramos a nuestro hombre en plena Ilustración, apenas unos años antes de la Revolución francesa. Jean-Jacques Rousseau es un autor fundamental para entender los cambios políticos de la edad contemporánea a pesar de sus grandes dosis de idealismo. El suizo desarrolló en El contrato social un nuevo orden que debería acabar con las injusticias y la falta de libertad sobre la base de la voluntad general.

El ilustrado apostaba por un Estado en el que la soberanía popular se debería manifestar dejando a un lado los intereses particulares y buscando un bien común que trasciende a la mera suma de esas voluntades individuales. Así, la suma de todos los ciudadanos unidos libremente bajo ese contrato se convierte en un nuevo cuerpo soberano del que deben surgir las leyes.

Hasta este punto la propuesta de Rousseau es de innegable influencia en hechos como la Revolución francesa, la americana y es la base sobre la que se sostiene buena parte de los sistemas democráticos de nuestros días. Pero prácticamente todos ellos han descartado la parte más utópica de ese contrato social, la que define las características de esa voluntad general.

Un deber que no se puede delegar

Apunta Rousseau que la soberanía que recae sobre los hombros de esos ciudadanos unidos libremente es indivisible e inalienable. Así, plantea un escenario en el que todo el pueblo «se reúne legítimamente en cuerpo soberano» para votar y decidir las leyes del Estado. Dice nuestro autor que cualquier convocatoria sin la presencia del pueblo «debe tenerse por ilegítima y por nulo todo lo que en ella se haga» y advierte al hipotético gobierno de que «mientras mayor fuerza posee, con más frecuencia debe mostrarse el soberano».

Cuando el ginebrino habla de todo el cuerpo soberano se refiere literalmente a eso, puesto que rechaza cualquier tipo de representatividad. La capacidad soberana, como ya se señaló, es inalienable y no se puede ceder a un tercero. Lamenta Rousseau que «tan pronto como el servicio público deja de constituir el principal cuidado de los ciudadanos, el Estado está próximo a su ruina». Es evidente que nos encontramos aquí con el extremo más utópico de su planteamiento.

El ilustrado considera que la voluntad general no puede reposar en unos diputados que no deben tener la capacidad de resolver nada definitivamente, puesto que «toda ley que el pueblo en persona no ratifica, es nula». Sus ideas podrían ser prácticas en una polis griega de la Antigüedad o en un cantón suizo como en el que nació, pero llevar eso a un Estado moderno y mucho más grande se torna en imposible.

Diputados en el paro

Del repaso a El contrato social de Rousseau podemos sacar varias conclusiones sobre la noticia elegida al inicio: en primer lugar podemos valorar el tipo de voluntad que se impone en la política actual, también es viable valorar la fortaleza del Gobierno en la medida en la que este se «muestra» ante su pueblo, incluso replantear la cuestión de los referéndum dentro de nuestro sistema.

Las aparentes fricciones entre Sánchez y Rousseau quedan olvidadas en un único aspecto: aunque por motivos bien distintos, ni uno ni otro tendrían problemas en dejar a los diputados sin demasiadas tareas.