Indagación en archivos militares que describe centenares de casos y que asegura que las ejecuciones después de abril de 1939 rondaron las 15.000

En tiempos en que, por ley, debemos tener una opinión específica sobre la II República, sobre la Guerra Civil y las cuatro décadas de franquismo, un libro como este suena extraño, muy extraño. No sólo contracorriente, sino ajeno a lo que suele escucharse en cualquier televisión o en muchos manuales escolares, y en todas las declaraciones institucionales. Porque se aparta notablemente del relato oficial y niega los abultados números de muertes —y su contexto y «relato»— que se adjudican al bando que salió victorioso en abril de 1939. Para empezar, el prólogo de Stanley Payne tampoco sigue los derroteros que fundamentan la legislación de «memoria histórica». Payne enmarca la violencia acaecida en España durante la década de 1930 dentro de una cadena de terror revolucionario que arranca en la Francia de finales del s. XVIII y entronca, de manera decisiva, con la Rusia bolchevique. Payne atempera las cifras de víctimas que suelen manejarse; sostiene que la Guerra Civil provocó no más de 300.000 muertes violentas, incluyendo a los voluntarios extranjeros caídos y los crímenes políticos cometidos en retaguardia. Asimismo, a muchos les llamará la atención, entre otros detalles, lo que afirma sobre los fascistas llegados desde Italia (p. 19). Según este historiador estadounidense, el libro de Miguel Platón es una «obra de inigualado valor» que «constituye una contribución a la historiografía coetánea de máxima importancia».

Para escribir este libro, el veterano periodista Platón (Melilla, 1949) ha dedicado casi trece años y ha consultado miles de expedientes custodiados en archivos del Cuerpo Jurídico del Ejército. Ha inspeccionado otros estudios, de modo que presenta sus datos y análisis en el marco de lo que podría denominarse «estado de la cuestión», para negar la mayor, y para aseverar que las sentencias de muerte dictadas por el régimen franquista en la postguerra estuvieron en torno a las 30.000, si bien la mitad de estas penas se conmutaron o incluso se anularon mediante indulto, de modo que los fusilamientos rondaron los 15.000. Según Platón, cerca de la totalidad —al menos el 90%, dice— de esas ejecuciones se debió a crímenes cometidos durante la guerra dentro de la zona controlada por el Frente Popular.

Por ese motivo, el libro va hilando la violencia que vivió España desde el comienzo de la República —de manera destacada, la descomunal responsabilidad del PSOE— y, sobre todo, conforme se desarrollaba en la zona frentepopulista, a partir de julio de 1936 —fecha que inicia las responsabilidades de que es objeto la represión posterior a la guerra, asegura Platón—, el proceso revolucionario. Cada uno de los muchos, centenares de casos, que va describiendo este libro se acompaña de los hechos que dieron pie al sumario y juicio militar en la España franquista. En un momento dado, Platón compara los más de 8.000 crímenes cometidos en Cataluña, bajo el gobierno de Companys durante la guerra —cuyo caso comenta—, con las 3.000 ejecuciones llevadas a cabo por los triunfantes Nacionales. O los cerca de 20.000 crímenes en el Madrid frentepopulista frente a los 3.000 fusilamientos tras la guerra. Por el contrario, una gran parte de los desmanes padecidos en la zona sublevada se saldaron con la impunidad. Al finalizar el año 1939, en las cárceles españolas había unos 270.000 presos —más de nueve de cada diez eran republicanos—, cifra que multiplicaba por ocho la registrada antes de comenzar la guerra. Al cabo de unos años, la inmensa mayoría de presos políticos quedó en libertad; en 1947 había en España en torno a 18.000 presos comunes y otros tantos presos políticos. En 1965 se alcanzó la cifra más baja de reclusos en España: 10.622, presos comunes en su práctica totalidad. Hoy, la población carcelaria es unas cuatro o cinco veces mayor.

El libro explica la mecánica de los procesos de los tribunales militares en la España franquista y su mayor o menor porción de garantías jurídicas, así como los pasos que se seguían dando, una vez dictada sentencia y, que, en la mitad de las ocasiones, sí conducía al reo al paredón. El autor se refiere a la indagación de pruebas y testimonios, a las deficiencias, errores, y también a los contrapesos que solían existir, como las declaraciones favorables de amigos, conocidos, familiares del preso, e incluso las peticiones de indulto o conmutación de pena firmadas por personajes como Manuel Aznar —abuelo del presidente Aznar— o Pilar Primo de Rivera. Los nombres propios y vidas concretas que aparecen estas páginas son incontables; pueden destacarse, por parte de los represaliados por Franco —algunos ejecutados, otros indultados o liberados tras unos años en prisión o trabajando en tareas administrativas en la construcción del Valle de los Caídos—, los de Antonio Buero Vallejo, Gaspar Zarrías —abuelo del político del PSOE condenado por prevaricación, a consecuencia de las irregularidades de los ERE en Andalucía—, los altos oficiales de la Guardia Civil que desbarataron el Alzamiento en Barcelona, Miguel Hernández, o Gregorio Peces-Barba —padre del político socialista que sería uno de los redactores de la Constitución de 1978 y presidente del Congreso de los Diputados entre noviembre de 1982 y julio de 1986.