La Guardia Civil registra la sede de los árbitros en busca de documentación sobre la trama de Negreira

Un amplio efectivo de la Guardia Civil acaba de acceder a la sede de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) para buscar documentación relativa a la relación de la cúpula arbitral con José María Enríquez Negreira. La actuación policial se lleva a cabo después del auto de registro que ha acordado juez del caso Negreira, Joaquín Aguirre, titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona.

Tal y como ha podido saber El Debate en exclusiva, el registro policial se está llevando a cabo en el interior de las oficinas del Comité Técnico de Árbitros (CTA), cuyos despachos se encuentran en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas de Madrid. Los agentes han accedido con varias cajas con el objetivo de incautar documentación. La entrada de los investigadores ha pillado por sorpresa a los trabajadores de la RFEF, que acababan de comenzar su jornada laboral.

A comienzos de septiembre, el juez Aguirre acordó expulsar a la Federación del caso Negreira «por sus vínculos con los árbitros». Desde ese momento ya no han tenido acceso al sumario del caso. Mientras que por un lado la Federación alegaba querer esclarecer lo ocurrido con Negreira, se ha desvelado que Luis Medina Cantalejo, presidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) abroncó llamando «traidor» y «rata» a un árbitro del VAR que se querelló contra Negreira y su hijo por los delitos de corrupción y fraude deportivo.

Medina Cantalejo está en el punto de mira desde que se puso de perfil tras conocerse los pagos de 7,5 millones de euros en comisiones del Barça a Negreira. Ha afirmado en varias ocasiones que «no hay ni una sola prueba para afirmar que un árbitro ha sido deshonesto». En paralelo, este periódico desveló que la Federación había ascendido a María Medina Jiménez, hija del presidente del CTA, tras el nombramiento de su padre como jefe de los árbitros.

Al registro policial que se está llevando a cabo en estos momentos hay que sumarle la investigación de la Guardia Civil al patrimonio inmobiliario de los árbitros Carlos Clos Gómez, Santiago Jaime Latre, Alejandro Hernández Hernández y José María Sánchez Martínez, todos ellos próximos a Negreira. Estos colegiados, según una denuncia interpuesta ante la Fiscalía Anticorrupción, aumentaron exponencialmente sus propiedades en los últimos años. Muchas de de las propiedades superan el millón de euros y la gran mayoría fueron pagadas al contado sin la necesidad de créditos hipotecarios.