Rafael Louzán y su posible mandato fugaz en la RFEF: la amenaza del Gobierno y el recurso al Supremo

Rafael Louzán, de 57 años, es el nuevo presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) después de haberse impuesto de manera clara, por 90 votos a 43, a Salvador Gomar. El hasta ahora presidente de la Federación Gallega dejará su cargo en Galicia e irá a vivir a Madrid para desempeñar su nueva labor y normalizar la situación en el fútbol español, que lleva un año y medio en una posición no deseable.

En principio, Louzán estará al frente de la RFEF durante los próximos cuatro años y será el encargado de empezar a organizar el Mundial 2030 que albergarán España, Portugal y Marruecos y de intentar convencer a la FIFA de que la mejor sede para la final es el Santiago Bernabéu, que es el estadio por el que ha apostado al defender que ese partido «debe jugarse en la capital de España», aunque tampoco ve con malos ojos que se celebre en el Camp Nou.

El problema que tiene Louzán, que si todo va según tiene previsto debería tener su mandato garantizado hasta 2028, es que pesa sobre él una sentencia por prevaricación cuando era presidente de la Diputación de Pontevedra que le inhabilita para un cargo público durante siete años. La sentencia no es firme y está recurrida y aceptada por el Tribunal Supremo, que el 5 de febrero decidirá si estima su recurso o mantiene la decisión de las instancias previas.

Si el TS confirma la sentencia, el nuevo presidente de la RFEF deberá dejar casi con total seguridad el cargo. Bien es cierto que los asesores de Louzán consideran que el cargo de presidente de la RFEF no es público y por tanto no debería afectar, pues la definición jurídica es la siguiente: «Una entidad asociativa privada, si bien de utilidad pública». No obstante, eso sería otra batalla y por ahora hay que esperar a que decida el Tribunal Supremo.

No gusta al Gobierno de Sánchez

Más allá de los problemas de Louzán con la Justicia por «prevaricar en la construcción de un campo de hierba artificial en la localidad de Moraña», lo cierto es que no era la opción preferida del Gobierno de Pedro Sánchez, tal y como reconoció el presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), José Manuel Rodríguez Uribes, sobre todo por su cercanía al Partido Popular.

Además, Rodríguez Uribes considera que Louzán no podía presentarse a la presidencia de la RFEF al «estar inhabilitado para desempeñar cargos públicos», pues uno de los requisitos según los estatutos de la Federación, en su artículo 19.4, es «no estar inhabilitado». El quid de la cuestión es que en los estatutos no especifica si la condena debe o no ser firme y a eso se ha agarrado Louzán para seguir adelante.

El Gobierno trató de tumbar la candidatura de Louzán, pero tras el pacto de este con Miguel Ángel Galán, que fue quien tumbó a Rocha y la voz crítica en la Federación en los últimos años, vieron que no tenían opciones de frenar su carrera a la presidencia. Ahora, ya elegido, queda claro que cuenta con el apoyo de los asambleístas y por tanto el Gobierno estudiará muy detenidamente si pueden o no impugnar su nombramiento.

En principio, el Ejecutivo tenía pensado denunciar ante el TAD a Rafael Louzán para provocar su caída, pero saben que existe el riesgo de que la FIFA les acuse de injerencia y eso podría perjudicar al Mundial 2030. Además, con la Ley del Deporte que entró en vigor en enero de 2023, el Gobierno fortaleció el sistema de territoriales que manda en la RFEF y provocó que no sea posible la llegada de un outsider a la presidencia, por lo que en cierto modo se estarían contradiciendo.

Sea como sea, los primeros meses de Rafael Louzán al frente de la RFEF se prevén bastante movidos. Gobierno y Tribunal Supremo podrían derrocarle en los próximos meses y el fútbol español volvería a la casilla de salida, con una gestora, presidida esta vez por Sergio Merchán, y nuevas elecciones en marzo o abril.