La Seguridad Social en quiebra y Escrivá silbando

Entre los recientes datos de deuda publicados por el Banco de España ha pasado más inadvertida la de la Seguridad Social: 92.000 millones de euros, un 27 % más que el año pasado. La evolución de la deuda de la Seguridad Social ha sido escalofriante: desde los casi 8.000 millones del año 1995 hasta los 92.000 millones desvelados ahora.

Como refleja un informe reciente del Círculo de Empresarios, los gastos de la Seguridad Social ya superaban a los ingresos en 2010. La brecha ha ido creciendo progresivamente hasta agotar el Fondo de Reserva de la Seguridad Social, también conocido como hucha de pensiones. Los 66.815 millones que contenía en 2011 disminuían a 2.138 millones en 2020, un 20 % del pago mensual que abona actualmente el sistema de pensiones.

Envejecimiento y baja natalidad

Aunque las medidas que José Luis Escrivá está tomando no son acertadas, hay que reconocer que no tiene un panorama fácil. El retraso en acometer la compleja cuestión de las pensiones dificulta el problema. El envejecimiento de la población y la reducción de la tasa de natalidad están siendo las principales amenazas de quiebra para el sistema. La esperanza de vida ya está en los 83 años y ascenderá a los 85 en al año 2050, según el INE. El número de nacimientos ha caído casi un 30 % en los diez últimos años. La tasa de dependencia o ratio entre la población mayor de 65 años y la que está en edad de trabajar aumentará un 80 % en los próximos treinta años, y las fisuras que crea este drama no están siendo resueltas por los gobernantes. A ello hay que unir el aumento de la tasa de beneficio –división entre pensión que se va a percibir y último salario recibido–. Esta ratio ha subido del 38 % en 2007 al 46,4 % en 2019. La suma del ascenso de la tasa de dependencia y la de beneficio explica más del 90 % del aumento del gasto en pensiones. 

La evolución de estos datos ha ido empeorando y ha provocado una situación cada vez más problemática. En 2019, antes del estallido de la pandemia, la Seguridad Social presentaba ya un déficit de 15.859 millones de euros, el 1,3 % del PIB. En 2021 las necesidades de financiar la Seguridad Social son prácticamente el doble: 29.685 millones de euros. 

El Círculo de Empresarios mantiene que la reforma de las pensiones realizada en 2013 iba en la buena dirección. El retraso en la edad de jubilación, la ampliación del periodo de cálculo, la introducción de un factor de sostenibilidad para vincular las pensiones a la esperanza de vida y el mecanismo de revalorización les parecían apropiados. No opinan lo mismo de las medidas posteriores: «Desde entonces, las medidas legislativas han estado más impulsadas por las estrategias electorales y el peso que en el voto pueden jugar los jubilados que por la búsqueda de la sostenibilidad del sistema y la equidad intergeneracional», indican. 

Como es conocido, el Ejecutivo ha propuesto sustituir el factor de sostenibilidad introducido en 2013 –su aplicación estaba prevista a partir de 2023– por un nuevo mecanismo: el factor de equidad intergeneracional. El factor de sostenibilidad, que calculaba las pensiones considerando la esperanza de vida, introducía un componente importante de solidaridad intergeneracional y contribuía a la viabilidad del sistema.

El nuevo mecanismo propuesto, acordado solo con los sindicatos, se concreta en una aportación finalista entre 2023 y 2032 de 0,6 puntos porcentuales de la cotización de las contingencias comunes, repartido entre empresa (0,5) y trabajador (0,1), que permitirá aumentar en principio la dotación del Fondo de Reserva de la Seguridad Social.

Sin embargo, al Círculo de Empresarios no parece convencerle mucho: «El nuevo mecanismo sugerido no supone un elemento estructural de mejora de la sostenibilidad ni de la equidad del sistema, al tiempo que reduce la contributividad: el aumento en las cotizaciones no dará derecho a mayor pensión. Por otra parte, el 0,6 % acordado supondría solo un 7,1 % de las transferencias previstas del Estado en 2022 al sistema, que cuenta con un déficit que se prevé aumente en los próximos años. El nuevo mecanismo no afronta este desajuste: solo prevé corregir los que se generen a partir de 2032 y hasta un tope de porcentaje del PIB», indican. En los Presupuestos de 2022 está previsto transferir 18.396 millones el Estado a la Seguridad Social para garantizar las pensiones, según el Gobierno.

«El trasvase del déficit de la Seguridad Social al Estado y la supresión del factor de sostenibilidad no parecen eliminar el riesgo de insostenibilidad del sistema actual de reparto, puesto que el verdadero problema es demográfico y de dinamismo del mercado de trabajo», añade el Círculo. 

«Se trata, por lo tanto, de una reforma muy parcial que pospone la resolución de las principales deficiencias que en la actualidad caracterizan al sistema de pensiones en nuestro país. Sería deseable, por lo tanto, que el pacto y la reforma se abordasen con visión de largo plazo, realista y de forma definitiva, completa y consensuada», concluyen.

El ahorro, que podría ser un buen complemento para la pensión, tampoco está bien tratado por las nuevas medidas del Ejecutivo de Sánchez. «La reciente propuesta del Gobierno de reducir adicionalmente las deducciones por aportaciones a planes de pensiones privados a cambio de aumentarlas a planes de empleo de empresas, sin que su operativa o regulación hayan sido aún establecidas, produce incertidumbre sobre la evolución futura del ahorro privado para la jubilación», indican desde el Círculo de Empresarios.

Como ven, medidas de dudosa utilidad en medio de una creciente deuda de la Seguridad Social y con el ministro Escrivá silbando y pensando si algún día será capaz de demostrar el prestigio que le avalaba.