La España extorsionada: las empresas tienen que pagar los excesos del Gobierno

En un artículo de Jesús Banegas, presidente del Foro de la Sociedad Civil, explicaba que España es el octavo país del mundo en fiscalidad laboral con un 33,9 % frente a una media en los países de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) del 24,4 % y un Estados Unidos con un 14 %.

Con esta fiscalidad real que tienen los empresarios españoles, se presenta el ministro de la Seguridad Social y decide de forma prácticamente unilateral que para paliar los problemas de la Seguridad Social hay que subir las cotizaciones un 0,6 %, de tal manera que los trabajadores paguen un 0,1 % más y las empresas un 0,5 % más.

Si tenemos en cuenta que el salario medio en España en 2020 fue de 26.934 euros anuales y que la subida estimada de este año ronda un 1,5 % de media, podemos estimar que este año terminaremos con un salario medio de 27.338 euros.

La aplicación de esta medida del ministro Escrivá supondrá unos ingresos medios por trabajador de 164 euros anuales, que multiplicados por 20 millones de afiliados a la Seguridad Social, que son los que deberíamos alcanzar a lo largo del 2022 con una subida real del PIB del 5 %, se traduce en que los empresarios tendrán que aportar 2.733,8 millones de euros adicionales y los trabajadores 546.8 millones. En total, el equipo de derrochadores públicos de este país metería en las arcas de la Seguridad Social 3.280,6 millones de euros adicionales.

La pregunta fácil y sencilla que debemos hacernos los trabajadores y los empresarios es si esta medida la tenemos que pagar los que trabajamos y los que generamos empleo o si existen partidas entre los Presupuestos Generales del Estado para evitar que esto suceda.

Desde este Diario llevamos publicando semana a semana el desglose de los Presupuestos Generales Ministerio por Ministerio, y aunque no hemos acabado, hemos encontrado lugares donde poder ahorrar mucho dinero, y con ese ahorro evitar el tener que subir la fiscalidad laboral.

Por ejemplo, en el Ministerio de Igualdad aparecían 190 millones del Plan Corresponsables que ni siquiera se habían gastado en 2021 por inutilidad e incapacidad del Ministerio para indicar cómo se tenían que gastar. Por lo tanto, y dado que el gasto se está produciendo en estos momentos y seguirá contra el presupuesto del 2021, no hay razón para mantener esta partida, junto con otros 5 millones para subvenciones varias, que no se especifican y que seguro que van a amigos de la formación que gestiona este Ministerio.

En el Ministerio de Presidencia podemos ahorrar otros 300 millones de euros entre Memoria Democrática, el CIS, las subvenciones a la Agencia EFE, reduciendo el coste del BOE y partidas múltiples innecesarias como 5,5 millones de euros para despidos de personal de Moncloa, además de pegar un tajo a RTVE, televisión que no sirve ya ni para un 8 % de los españoles.

Al Ministerio de Hacienda le bajaremos 2.500 millones, quitándole de los 21.000 millones del Fondo de Liquidez Autonómica 2.000 millones que mandaremos menos a Cataluña, suprimiremos los 500 millones para juicios perdidos por los inspectores de Hacienda, a los que haremos responsables de sus inspecciones, o le obligaremos a que renuncien a sus 80 millones de gratificaciones y al resto de funcionarios del Ministerio, a otros 100 millones.

Así que, simplemente haciendo valer el sentido común, del que parece que los políticos actuales no hacen uso en demasía, podríamos ajustar 3.000 millones de euros y por lo tanto no tener que generar una subida de los costes empresariales. Además no sabemos calcular el efecto que generará en la creación de puestos de trabajo, pero desde luego no motivará para nada la creación de nuevos puestos.

Si hoy con el 33,9 % de fiscalidad laboral ya nos encontramos con enormes dificultades para competir con las empresas americanas, si las empresas chinas siempre son más baratas que las españolas y si nuestra inflación se sigue disparando y provoca subidas de salarios desproporcionadas, la economía no crecerá ni al 5 %, ni tendremos de media en 2022 a 20 millones de trabajadores cotizando a la Seguridad Social. El exceso de gastos que seguirá habiendo en el resto de los ministerios no analizados puede llevar a este país a una posición de «ZUGZWANG» (en ajedrez, cualquier movimiento te lleva a una peor situación). Hagamos lo que hagamos estaremos peor, lo cual nos obligará a pedir un rescate a Europa o que Europa, ante un posible descalabro de la economía española, tenga que intervenirnos.

La medida del Ministro Escrivá además de poco democrática es claramente perniciosa para la economía, extorsiona a los empresarios obligando a pagar más sin recibir nada a cambio y lo que es peor hace recaer en los hombros castigados desde hace más de 13 años, todos los excesos de los gobiernos anteriores, pero en especial el despilfarro de este Gobierno.