Una ley de Colau facilita la gresca entre Airbnb y los gestores de apartamentos turísticos en Barcelona

La Generalitat y el sector turístico catalán se mostraban en desacuerdo el 14 de febrero con una sentencia del Tribunal Supremo: la que evita que la plataforma digital Airbnb tenga que retirar 14.306 anuncios de alojamientos para turistas supuestamente irregulares. Pero aquí hay un problema: aunque esos pisos fueran realmente irregulares y quisieran legalizarlos, no tendrían manera de hacerlo.

La ley que impulsó en 2014 el Ayuntamiento de Barcelona dirigido por Ada Colau impide que se concedan más licencias de pisos turísticos de las que ya hay (9.400). Aunque Airbnb quisiera regularizar esos pisos y crecer en Barcelona, no podría hacerlo. «Así es», reconocen en el Ayuntamiento.

La legislación en la Ciudad Condal solo permite dar una nueva licencia de piso turístico en la periferia si se cancela una de la zona centro: se compensa una por otra. No hay intención de que haya más licencias. Por ese motivo, a pesar de la sentencia del Supremo, el Ayuntamiento seguirá vigilando que todos los pisos turísticos que se anuncien muestren su número de licencia. Si no lo llevan, seguirán considerándolos ilegales.

La batalla está abierta en dos frentes. Por un lado están el Ayuntamiento, los propietarios de pisos turísticos, la Generalitat... Y por otro, Airbnb, la novedosa plataforma digital que ofrece alojamiento a particulares en todo el mundo y que ya ha albergado a más de mil millones de huéspedes en los diez últimos años.

El sector turístico catalán tiene claras sus vías de reivindicación: «Queremos tener un turismo de calidad; que todos juguemos con las mismas reglas y que se cumpla la legalidad», afirma Guillermo Vallet, presidente de la Comisión de Turismo de Foment del Treball, la patronal catalana. «Se está generando un problema de gentrificación: sustitución de los vecinos de zonas concretas por pisos para el turismo que dan mayor rentabilidad. También hay quejas de los vecinos que están aumentando la turismofobia. Desde que vinieron estos pisos turísticos ya se produjeron manifestaciones en La Barceloneta. Entre los huéspedes de Airbnb puede haber familias, pero también hay quienes organizan fiestas y no dejan descansar a los vecinos», añade Vallet.

Un «flaco favor» y una guerra sin freno

Vallet estima que la ausencia de control de registro en los pisos turísticos haría un «flaco favor», y abriría una brecha en el control de calidad de los apartamentos. Incide en la rentabilidad que se puede obtener con los alojamientos de Airbnb y la competencia que pueden hacer a otro tipo de establecimientos: «Una habitación en un hotel de cuatro estrellas puede costar 150 euros. Dos habitaciones alquiladas a cuatro personas pueden tener ese precio. Si las llenan veinticinco días, pueden tener unos ingresos considerables».

Los pisos turísticos originan en ocasiones problemas de convivencia en los edificios donde coinciden con viviendas, sostiene, y por eso están a favor del control para que no aumente la turismofobia. Una vez que Foment del Treball se ha sumado a un manifiesto para mostrar su desacuerdo con la sentencia del Supremo, piensa que «poco más podemos hacer, a no ser que la Generalitat legisle de otra manera».

La posición de Airbnb

Desde Airbnb afirman estar convencidos de que compartir el propio hogar es bueno para Cataluña, «ya que crea nuevas oportunidades económicas para las familias locales. La posibilidad de alquilar una casa a viajeros ha supuesto un salvavidas económico para muchas personas tras el devastador impacto de la COVID-19».

Según los datos de la entidad, casi la mitad del gasto que realizan los huéspedes de Airbnb tiene lugar en las cercanías o en los barrios donde se hospedan. Desde 2018, por otra parte, la plataforma facilita a los anfitriones que anuncian viviendas de uso turístico una herramienta para que puedan mostrar su número de registro. Con ello se facilita la labor de inspección e identificación por parte de las autoridades. Esta plataforma ha permitido al Ayuntamiento de Barcelona identificar 7.000 anuncios.

Como se puede ver, Airbnb tiene la intención de cumplir la legalidad y tener buenas relaciones con el sector turístico y las entidades públicas. Queda la duda de si los precios para los turistas serían mejores si hubiera más oferta, y si esa mayor afluencia se traduciría en un mayor impacto en la economía catalana. La duda permanecerá, porque el Ayuntamiento no tiene ninguna intención de que la oferta se amplíe.