La UE abre la puerta a que los gobiernos puedan limitar el precio de la luz

La Comisión Europea (CE) ha presentado una serie de medidas extraordinarias para ayudar a los países de la Unión Europea a amortiguar el vertiginoso ascenso de los precios de la energía tras la invasión de Rusia a Ucrania, con el objetivo final de emanciparse de los hidrocarburos rusos en 2030.

«Debemos defender los intereses europeos e incrementar nuestra resiliencia. Es evidente que somos demasiado dependientes de Rusia en nuestras necesidades energéticas», declaró en rueda de prensa el vicepresidente de la Comisión Europea responsable del Pacto Verde, Frans Timmermans.

El Ejecutivo comunitario se propone reducir la dependencia de los hidrocarburos rusos a corto plazo y facilitar también «herramientas» para que los Estados miembros de la UE puedan aplacar el histórico «shock» de los precios energéticos, que se han disparado aún más desde la invasión de Ucrania.

Electricidad

Tras meses rehusando intervenir en el mercado, pese a la creciente presión de un grupo de países liderados por España y Francia, la Comisión se abre a medidas que parecían impensables cuando en octubre el departamento de Energía de la comisaria Kadri Simson presentó una primera «caja de herramientas» para hacer frente a la carestía energética.

Bruselas acepta revisar el sistema marginalista que rige los mercados eléctricos de la UE, donde la tecnología más cara de generación fija el precio de toda la electricidad subastada.

Estudiará «todas las opciones posibles de medidas de emergencia para limitar el efecto de contagio de los precios del gas en los precios de la electricidad, como límites de precios temporales», señala el documento.

El sistema marginalista, concebido para incentivar la inversión en fuentes renovables, provoca que en un contexto de precios desorbitados del gas, el megavatio se pague de media en España este martes a 544,9 euros, mientras que en marzo del año pasado cotizaba a 52 euros.

El diseño del mercado provoca, además, que las compañías eléctricas obtengan lo que se conoce como «beneficios caídos del cielo», que se obtienen de cobrar al precio de quemar el prohibitivo gas la electricidad generada con menores costes (hidráulica, eólica o solar) y Bruselas también se abre ahora a revertir esa situación.

Sin Rusia

La UE importa de Rusia el 40 % del gas que consume, el 27 % del petróleo y el 46 % del carbón, lo que en 2021 se tradujo en 148.000 millones de euros en ingresos para Moscú y la Comisión aspira a reducir en un 66 % la dependencia de la UE del gas de Rusia en un año.

Esto implicaría un esfuerzo para sustituir 100.000 millones de metros cúbicos diversificando proveedores de gas, acelerando el despliegue de renovables, mejorando la eficiencia energética, elevando las importaciones de gas natural licuado, produciendo hidrógeno verde y recurriendo al biometano, de forma que los agricultores se conviertan en «productores de energía».

«Es difícil, jodidamente difícil. Pero es posible (sic)», dijo Timmermans.

Reservas de gas

Otro punto clave es garantizar unos niveles adecuados de almacenamiento de gas en el bloque comunitario, especialmente de cara al próximo invierno y para ello el Ejecutivo comunitario obligará a los operadores de infraestructuras de almacenamiento a que cada 1 de octubre estén llenos al 90 % de su capacidad.

Aunque no es una «bala de plata» que garantice al bloque un futuro energético tranquilo, que depende principalmente de la diversificación de sus proveedores y de los avances en la transición hacia las renovables, Bruselas ve vital una gestión eficiente de sus reservas de gas para garantizarse el suministro energético.

Según sus datos, entre un 25 % y un 30 % del gas que se consume cada invierno proviene de estos almacenes y, por eso, la Comisión Europea quiere blindar su gestión, calificándolos como «infraestructuras críticas» para que las reservas estén controladas por operadores fiables que no pongan en riesgo la seguridad energética de la UE, algo que coloca en el punto de mira a Gazprom.

Futuro

La Comisión plasmará en propuestas legislativas muchas de las medidas planteadas, pero no presentará una propuesta definitiva hasta el próximo abril, una vez disponga del informe que prepara la Agencia de Cooperación de Reguladores de la Energía (ACER).