¿Cómo afecta la subida de la inflación a los alquileres?

La inflación está desatada. La tasa interanual del IPC de febrero se ha situado en el 7,6 %, su valor más alto en los últimos 36 años. Muchos contratos de alquiler en España conllevan un ajuste de precios de acuerdo con el IPC, así que esta alza inflacionista va a provocar un aumento en el precio para numerosos inquilinos.

«Evidentemente, la subida del IPC afecta directamente a los contratos de alquiler porque la gran mayoría de ellos tienen la actualización de la renta referenciada al IPC», asegura Rosa Medina, abogada y profesora de Derecho Civil en la Universidad CEU San Pablo. «Tal y como recoge el artículo 18 de la Ley de Arrendamientos Urbanos, los ajustes se realizan cuando se cumplen años del inicio del contrato».

De este modo, todos estos arrendatarios que hubieran comenzado sus contratos en el mes de febrero de años anteriores verán incrementada su renta en un 7,6 %. Por su parte, los inquilinos que empezaron contratos de alquiler en el mes de enero –situación más común– han visto cómo sus alquileres han aumentado un 6,1 %, porcentaje que corresponde con la inflación interanual de enero.

Medina también destaca que la cláusula típica de actualización contempla que: «El importe de la renta se actualizará por la propiedad (es decir, por los arrendadores), en la fecha en la que se cumpla cada año de vigencia del contrato, actualizándose en función de las variaciones porcentuales del IPC publicado por el Instituto Nacional de Estadística en un periodo de doce meses inmediatamente anteriores a la fecha de cada actualización». Asimismo: «Si la tasa experimentada por el IPC fuera negativa, la renta no se actualizará», lo que provoca que ante una situación de deflación las rentas no varíen.

¿A quién no afecta el IPC?

Sin embargo, hay casos en los que los caseros no podrán actualizar los precios. De acuerdo con la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) solo se podrán ajustar las rentas en los supuestos en que las partes lo hayan pactado expresamente. Así pues, aquellos inquilinos que hubieran acordado un precio fijo no percibirán esta subida.

Además, Media subraya que la ley española intenta que las partes pacten las rentas de acuerdo al IGC (Índice de Garantía de Competitividad), ya que «si no se elige otro, se aplica subsidiariamente». Sin embargo, este índice ha tenido «poco éxito dado que el IPC está mucho más asimilado por todos».

«El IGC lo calcula el Instituto Nacional de Estadística (INE) en base al IPC de la Unión Europea y a la pérdida de competitividad acumulada por España como país desde 1999. Por lo tanto, se establece una tasa de revisión de precios en base a lo competitiva que es España frente a la zona euro», añade la profesora del CEU San Pablo.

En consecuencia, el IGC es menos inestable que el IPC, lo que produce que haya una menor variación de rentas cuando se da una situación de inflación como la actual. Asimismo, tal y como señala el INE: «Cuando la tasa de variación del Índice de Garantía de Competitividad supere el objetivo de inflación anual del Banco Central Europeo (este año situado en el 2 %), se tomará este valor como referencia». Por consiguiente, los inquilinos que tengan actualizada su renta al IGC no tendrán una variación superior al 2 % de su contrato.