La ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
Reforma de las pensiones
Hacienda desoye a Bruselas y al Banco de España y subirá las pensiones con el IPC
La Comisión Europea y Hernández de Cos alertan de que la medida pondrá en peligro las cuentas públicas españolas
La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, ha subrayado este miércoles en el Congreso el «compromiso con todos los pensionistas» adquirido por el Gobierno de coalición para subir las pensiones conforme al IPC, pese a la espiral alcista y las últimas declaraciones al respecto de la Comisión Europea.
Y es que el comisario de Economía, Pablo Gentiloni advirtió del riesgo para las cuentas públicas la vinculación de nuevo de la subida de las pensiones a la inflación, si esta continúa en una espiral alcista, tal y como hace la última reforma de pensiones.
Gentiloni aseguró que el Gobierno se ha comprometido a garantizar que el sistema de pensiones sea «fiscalmente sostenible» y que esta cuestión se abordará en las próximas etapas del Plan de Recuperación.
En declaraciones a los medios de comunicación en los pasillos del Congreso, la titular de Hacienda ha destacado que «esa reforma forma parte del compromiso del Gobierno con todos los pensionistas» y que, por tanto, el Ejecutivo va a «cumplir» con la subida conforme a la inflación.
En este sentido, ha expresado su confianza en que en la segunda parte del año la subida de precios sae module, pero ha dicho que «en cualquier caso» las pensiones subirán conforme a la subida del IPC, cumpliendo con esta reforma, y sin depender del proyecto de Presupuestos Generales del Estado.
El Banco de España alerta de los riesgos
El Banco de España reclama ademán que las pensiones también formen parte del pacto de rentas, pues su vinculación con el IPC tendrá consecuencias sobre el gasto público en 2022. Más allá de decidir «a la mayor brevedad posible» sobre las fuentes de ingresos que permitirán financiar este mayor gasto, el organismo avisa de que el mantenimiento del poder de compra de las pensiones plantea algunas cuestiones de equidad.
«Por un lado, esas mismas consideraciones de equidad justifican que se garantice el poder adquisitivo para los perceptores de pensiones mínimas. Pero, por otro lado, fuera de este colectivo concreto, el hecho de que haya un grupo de agentes, el conjunto de los pensionistas, a quienes se excluye del ajuste, conlleva necesariamente que otros agentes de la economía nacional (los perceptores de rentas del trabajo y del capital) tengan que asumir una parte mayor de esos costes», argumenta.
