Garamendi: «Para pactar hay que escuchar, no tomar decisiones y luego pedir acuerdos»

Pedro Sánchez volvió a agitar el avispero el pasado martes en el Debate sobre el Estado de la Nación. El presidente del Gobierno anunció dos nuevos impuestos a los beneficios extraordinarios de la banca y las energéticas. La medida impactó con fuerza en los mercados. Las acciones de CaixaBank, Sabadell o Bankinter se dejaron entre un 8 y un 6 % en un martes trágico para la bolsa, mientras los afectados siguen sin conocer a fondo el contenido de los impuestos que deberán pagar con carácter retroactivo.

«España no debería dar estos mensajes», dijo el pasado jueves Antonio Garamendi, que ha centralizado el enfado de las entidades y empresas energéticas. El líder de la patronal afronta una relación de altibajos con el Gobierno, con quien sigue discutiendo un pacto de renta que no termina de llegar. «Los últimos movimientos del Ejecutivo no ayudan a conseguirlo», reconoce en la entrevista concedida a El Debate.

–¿Cómo valoran los impuestos a la banca y energéticas que pretende aprobar el Gobierno?

–De momento, solo podemos valorar el anuncio que el presidente del Gobierno hizo al respecto en el Debate sobre el Estado de la Nación y nos parece una mala noticia. Y quiero que se entienda que cuando decimos que es una mala noticia, no nos referimos solo para las empresas a las que afecta, sino también para los pequeños accionistas que tienen depositados sus ahorros en esas empresas, que el pasado martes, sin ir más lejos, vieron como caía de forma inmediata el valor de sus acciones. Ese impacto ronda ya los 6.000 millones de euros. Así es que, antes de que conozcamos los detalles de estas medidas, el mero anuncio ha provocado pérdidas mil millonarias que veremos cómo se recuperan. Por otro lado, creemos que se trata de medidas que no tendrán efecto a la hora de contener la inflación, que es lo que hace falta conseguir, ni para realmente aligerar la carga de la escalada de precios sobre los ciudadanos. En primer lugar, porque una política fiscal expansiva da más razones al BCE para subir tipos, lo que unido a la inflación ya alta, lo que hace es en realidad empobrecer a la clase media.

Si se toman medidas que van en contra de la seguridad jurídica, estamos yendo en contra de los intereses de todo el país

–Pero la recaudación tendrá un impacto impacto positivo...

–Si lo ponemos en clave presupuestaria. El Gobierno dice que se van a recaudar unos 7.000 millones de euros en dos años, cuando solo la revisión de las pensiones con el IPC tendrá un coste de 14.000 millones. Hay que hablar de la confianza, que es clave en una economía abierta como la española. Si se adoptan medidas que van en contra de la seguridad jurídica, la estabilidad regulatoria y la calidad de la norma, estamos yendo en contra de los intereses de todo el país, porque lo que estamos transmitiendo a los que queremos que inviertan en nosotros o nos financien es que no somos fiables. Eso, después ya sabemos cómo acaba; en más costes de financiación, menos margen fiscal, menos crecimiento y menos bienestar para todos.

–La gran banca obtuvo un beneficio récord en 2021 (20.000 millones) y las energéticas se anotaron unas ganancias de 11.054 millones el año pasado. ¿No cree que es el momento de pedirles un sobreesfuerzo?

–Si hablamos de empresas y beneficios, creo que hay que empezar por poner todo esto en contexto. Tomando cifras de 2021, los beneficios de las empresas se redujeron en 100.000 millones de euros respecto a los niveles previos a la pandemia. En lo que va de año, son casi 7.000 millones menos. Son datos de Contabilidad Nacional, no es que lo diga yo. ¿Y esto por qué es así? Pues entre otras cosas porque, mientras que hay quien asegura que las empresas están haciendo negocio con la inflación o con los tipos de interés, los datos del Banco de España nos dicen que cerca del 77 % de las empresas han sufrido un aumento adicional en sus costes de producción por el encarecimiento de los consumos intermedios, pero solo un 38 % lo han traslado a precios. Es decir, la inflación se está amortiguando a costa en parte de los márgenes empresariales. Por otro lado, la principal empresa del país, que es el Estado, se encuentra en unos niveles de ingresos récord, en buena parte por el efecto de la mayor inflación. Todo apunta a que este año ingresara entre 20.000 y 30.000 millones de euros extraordinarios. Por tanto, los recursos ya los tiene el Estado, el Gobierno sabrá qué razón real hay para aplicar nuevos impuestos. Es más, nadie habla de por qué el Estado no emplea esos ingresos para apoyar más a las empresas, que son las que generan actividad y empleo. A lo mejor lo que habría que hacer es reducir impuestos a la clase trabajadora para facilitar una moderación salarial que acerque un pacto de rentas.

Las empresas están resistiendo a subir más los precios

–¿Considera que bancos y energéticas terminarán trasladando el coste de los impuestos a los clientes y consumidores?

–Las empresas españolas están dando un ejemplo muy importante cuando la mayoría no traslada a precios finales el incremento de los costes. También se ve en los datos de IPC. En el mes de junio, se ha situado en el 10,2 %, pero la inflación subyacente, que es un indicador menos volátil, se mantiene en el 5,5 %. Es decir, las empresas están resistiendo a subir más los precios, igual que piden moderación salarial, lo que está ayudando a no cebar más una espiral inflacionista. Dicho esto, qué duda cabe que el binomio subidas de tipos y subidas de impuestos lo que puede provocar son mayores dificultades de acceso al crédito por parte de familias y también empresas, como pymes y autónomos.

–¿En algún momento el Gobierno se puso en contacto con ustedes para anticiparles que tenían previsto aprobar esos dos impuestos?

–Lo cierto es que no, pese a que hemos venido hablando estos últimos días de un posible pacto de rentas. Hay cosas que creemos que es necesario plantear previamente en el diálogo social, porque para pactar hay que escuchar a la otra parte primero, no tomar decisiones y luego pedir acuerdos.

El Gobierno no va en la dirección adecuada para conseguir un pacto de rentas

–¿Qué propone la CEOE para combatir el efecto que la inflación está provocando sobre empresas y familias?

–Desde luego afrontar la situación poniendo todos de nuestra parte. Podemos llamarlo pacto de rentas, pero lo importante es que sirva para contener entre todos la inflación y al mismo tiempo impulsar el crecimiento económico. No se trata de trasvasar rentas de las empresas a otros ámbitos, como se está planteando hasta el momento, y ya está. Hace falta, por ejemplo, que el Estado haga un ejercicio para ganar eficiencia y libere recursos, apoyándose en su recaudación récord y sobre todo en una mayor eficiencia del gasto, todo ello para apoyar a las empresas en la generación de actividad y empleo. Lo venimos diciendo, somos la solución, no el problema. Dicho de otro modo, unas cuentas saneadas del Estado nos permitirán afrontar esta crisis sin estar tan expuestos a un escenario de subidas de tipos y contar con mayor margen presupuestario para apoyar la actividad económica. Porque tenemos que entender también que un elevado déficit estructural, junto con mayores niveles de endeudamiento, provoca un incremento progresivo de los tipos de interés a largo plazo, se estrechan los márgenes presupuestarios para acometer buenas políticas económicas y además se reduce el volumen de financiación disponible para el sector privado. Perdemos todos.

–Una de las medidas que podría rebajar la presión que la inflación está ejerciendo sobre los hogares es el pacto de rentas, ¿confía en poder llegar a un acuerdo tras el verano?

–Deberíamos y estaríamos encantados, pero desde luego los últimos movimientos del Gobierno no van en la dirección adecuada para conseguirlo.