Los empresarios madrileños piden al Gobierno que recapacite sobre la ocurrencia del ahorro energético

La Confederación Empresarial de Madrid (CEIM) se ha mostrado muy crítica ante el plan de ahorro aprobado por el Gobierno. Reprochan al Ejecutivo de Sánchez la falta de estrategia en sus políticas y que, «una vez más, no se cuente con los afectados para la elaboración de un plan que perjudica gravemente a la actividad y carece de medidas que favorezcan la producción y el empleo».

Los empresarios lamentan que se haya recurrido una vez más a un decreto-ley para introducir nuevas obligaciones para las empresas. «En particular, es patente la falta de consideración con los representantes de las empresas cuando son estas las llamadas a aplicar las medidas y asumir los costes», indican.

La norma, además, resulta caótica, según señalan, pues reforma un decreto-ley de hace tan solo una semana en relación con la cotización de los autónomos. Más lacerante les parece aún el contexto en el que se aprueba esta norma: el paulatino descenso en la creación de puestos de trabajo y en particular de autónomos, que «exige dejar de introducir lastres a los creadores de empleo».

Los empresarios rechazan «absolutamente» que se introduzcan nuevos costes para las empresas y autónomos de España en estos momentos de inflación disparada, endurecimiento de la financiación y mayor presión fiscal. «En concreto, obligar a nuevos sistemas de cierre de puertas, carteles informativos y adelantar las inspecciones de eficiencia energética. Lamentamos que la norma no contemple ningún tipo de estímulo o ayuda para afrontarlos», indican.

Los empresarios afirman que, «en lugar de ahogar en la oscuridad los escaparates de las tiendas, con la ausencia de estímulo a la compra de productos, la inseguridad ciudadana que ello conllevará, y el ataque frontal a la libertad de empresa que supone, sería más razonable que el Gobierno diseñara otras medidas tendentes a favorecer la eficiencia energética, el aumento de la generación y la reducción de la dependencia exterior».

CEIM recuerda que han pasado menos de dos semanas desde que la ministra Teresa Ribera dijera el 26 de julio que España cumpliría la reducción del 7 % de consumo con medidas voluntarias. «Confiamos en que el Gobierno nacional recapacite sobre la inoportunidad de esta norma y rectifique. No está la situación y el mercado de trabajo para aguantar ocurrencias no testadas ni consultadas con los afectados, y sí para dejar de lanzar medidas aleatorias y aprovechar los fondos europeos para ayudar a las empresas y ciudadanos en la eficiencia energética», apuntan.

Señalan que por las razones formales de falta de urgencia (exigencia del artículo 86 de la Constitución) y por el ataque injustificado a la libertad de empresa (artículo 38), apoyarán la decisión de la Comunidad de Madrid de recurrir este real decreto. «Nos ponemos a disposición de las distintas administraciones regionales y nacionales para crear una mesa de trabajo conjunto para elaborar un verdadero plan estratégico que contenga medidas a corto, medio y largo plazo para compatibilizar la necesaria eficiencia energética con la fundamental actividad económica generadora de riqueza y empleo», afirman.