El «catastrazo» del Gobierno sitúa a España entre los países que más impuestos paga por comprar una vivienda

El nuevo valor de referencia del catastro, la base imponible del impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados y del impuesto de sucesiones y donaciones, aumenta un 17,1 % de media nacional la tributación de las compraventas de segunda mano. Y lo peor de todo, lo hace por encima de su valor real de mercado.

Así lo recoge un estudio de la Federación Nacional de Asociaciones Inmobiliarias (FAI) sobre el impacto de este nuevo sistema de valoración que entró en vigor el 1 de enero de 2022.

Injusta carga

El estudio refleja que un 76,1 % de las agencias inmobiliarias encuestadas han intervenido en compraventas cuyo valor de referencia de mercado del catastro ha sido superior al valor de transmisión real en escrituras y que el incremento se ha dado en un 19 %.

Desde la Federación Nacional de Asociaciones inmobiliarias sostienen que este nuevo sistema supone una «injusta y nueva carga fiscal» para los compradores y un desembolso económico más para el comprador, lo que a su juicio frenará una parte de las compraventas.

En un comunicado, la FAI insiste en que el «catastrazo» no se ajusta a parámetros reales de mercado, ya que no considera el estado de reforma o la distribución interior de las viviendas, entre otros factores.

También señala que el hecho de que Hacienda haya traspasado al contribuyente la carga de la prueba para demostrar el valor del bien adquirido, cuando no está de acuerdo, podría interpretarse como poner en duda la veracidad de la fe pública notarial en las compraventas de mercado y, en consecuencia, podría ser considerado como una práctica confiscatoria y anticonstitucional.

Revalorizar impuestos

La OCDE considera que los impuestos a la vivienda deberían revalorizarse en función del precio real del mercado porque mantenerlos desfasados es injusto, ineficiente y contribuye a la escalada inflacionista de las últimas décadas que dificulta la entrada de jóvenes y de los grupos con menos recursos.

La consecuencia es un uso menos eficiente del parque de viviendas, ya que los propietarios de las que han subido mucho de precio, por ejemplo en los barrios más buscados de las grandes ciudades, tienen pocos incentivos para dejar sus casas.