Juan Bravo: «Este Gobierno piensa que todo se arregla subiendo impuestos y restringiendo libertades, pero no es así»

El Debate fue uno de los primeros medios de ámbito nacional en publicar una entrevista a Juan Bravo. En noviembre del año pasado, el entonces consejero de Hacienda de la Junta de Andalucía explicó la gestión económica que posteriormente llevó a su partido a una mayoría absoluta en las elecciones de la región. A él le ha conducido a ser responsable económico (vicesecretario) del PP a nivel nacional. Desde esa perspectiva, este inspector de Hacienda nacido en 1974 nos explica cómo ve el panorama económico.

–El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dijo en su debate con Feijóo en el Senado que está a favor de cualquier medida que se tome contra el derroche. ¿Qué le parece?

–Me parece que un presidente que decide contar con 22 ministerios y 180 asesores no da la impresión de que el control o la reducción del gasto en su entorno sea lo más importante. Como todo en la vida, las cosas no cambian con nuestras palabras, sino con nuestro ejemplo. Llama la atención que en su discurso, con el que se puede estar más o menos de acuerdo, no haga ninguna crítica a su gestión. No asume ni un error. La culpa es de Putin, de los grandes conglomerados económicos, de los medios de comunicación, del PP… Analizando los datos, vemos que nuestra inflación es superior a la de muchos otros países, el incremento de la deuda ha sido el doble en España que en Europa, Eurostat dice que nuestro empleo no va tan bien… Alguna responsabilidad tendrá el Gobierno en todo ello.

–También destacó que la deuda sobre el PIB haya bajado unas décimas, aunque se sitúe en una cifra tan alta como el 116,8 % del PIB en junio, último dato conocido.

–La deuda española se ha incrementado prácticamente en veinte puntos, y la del resto de Europa, en diez. Vemos países que han dado ayudas muy potentes a la industria. Sánchez dice que también las da. Mientras él hablaba de 250 millones, Alemania ponía 27.500 millones encima de la mesa. No decimos que no haga nada, pero lo hace con muy poca transparencia. No sabemos cuánto se ha quedado sin ejecutar de las ayudas para solvencia de las empresas. Sabemos que de media nos está endeudando en más de 200 millones de euros cada día, que para los más mayores son 35.000 millones de pesetas diarios. Creo que todo esto requeriría alguna reflexión. Sería muy creíble que el presidente saliese mañana diciendo que reduce ministerios, o gasto superfluo, pero no vemos ni una medida de ahorro. Hay quien dice que eliminando ministerios no se solucionaría nada, pero hay quien lo cifra en 600-700 millones. Es mucho dinero, y sobre todo marcaría una línea para los demás.

–El Gobierno dice que la oposición no les hace propuestas, y ustedes que se las envían y no las leen. ¿Qué ocurre ahí?

–Tras reunirse con Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo dijo que iban a intentar llegar a acuerdos. Los planteó en el ámbito económico, de Defensa y el CGPJ. Hasta la fecha no hemos llegado a ningún acuerdo, pero van aplicando medidas que les planteamos: la reducción del IVA de la luz, del gas, ayudas directas a los más vulnerables, simplificar trabas en las renovables… Se ha hecho algo, aunque no lo más importante a nivel nacional, que es la deflactación de las tarifas del IRPF. Como lo proponía el PP, no les parecía bien, pero el PSOE ha votado a favor de ella en el País Vasco y Navarra. No entendemos por qué les parece bien allí y no en Andalucía o Valencia. Europa también ha planteado que se efectúe la deflactación.

–¿Qué pasa con los fondos europeos?

–Llevo año y pico diciendo que no están funcionando y no van a funcionar. Incluso en los Perte (Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación), que deberían ser más ágiles, vemos que hay empresas que están renunciando.

–¿Por qué renuncian?

–Porque el sistema es perverso. Está mal diseñado. Las ayudas no llegan en los plazos previstos y se ha establecido una burocracia tan grande que las empresas y los empresarios no quieren arriesgar. Es muy significativo de la gestión de este Gobierno que salgan dos empresarios como Amancio Ortega y Juan Roig diciendo que no quieren fondos europeos: que lo que quieren es que les dejen trabajar. Es una pena que tengamos 70.000 millones de los fondos europeos Next Generation y el marco 14-20 aún por ejecutar, que tengamos otros 70.000 millones en préstamos de Europa para devolver en el año 2058 y que las empresas y la CEOE digan que el dinero no llega, y no conozcamos prácticamente gente que haya recibido esos recursos. Creo que hay enormes oportunidades y proyectos en este país que serían disruptivos y transformadores con esos fondos. Son para los que se inventó ese sistema, después de esta pandemia tan dura.

–Sánchez les incitó a que dijeran qué servicios públicos reducirían si bajan impuestos. ¿Qué reflexión le sugiere esta afirmación tras su experiencia como consejero de Hacienda en Andalucía?

–Es el dilema que plantean cuando quieren tumbar una política. En primer lugar, cuando se dice bajar impuestos parece que se está diciendo quitarlos. Aquí todos queremos ingresar más, y las vías de ingresos son dos: una es la que plantean ellos, que consiste en subir mucho los impuestos y generalmente lleva a una menor actividad y recaudación; la otra es la nuestra, que plantea intentar bajar impuestos para generar más actividad y haya más personas que puedan contribuir, y generalmente se recauda más. Hay quien vincula esta segunda posibilidad con la curva de Laffer y lo critica. La realidad es que, donde se aplica, las cosas funcionan bastante mejor. En Andalucía hemos bajado impuestos y hemos recaudado más. Hemos generado más actividad, hemos provocado que se vayan reduciendo las diferencias con la media nacional y además hemos invertido 3.000 millones más en sanidad, 1.600 millones más en educación y 400 millones más en dependencia entre 2018 y 2022. Por tanto, es falsa la dicotomía de que si bajas los impuestos tienes que recortar servicios públicos. Portugal está gobernada por la izquierda: ha bajado impuestos y ha mejorado su recaudación. Lo que no hacen allí es gestionar el dinero público como si no fuera de nadie; al revés, lo hacen con mucha exigencia y poniendo al trabajador y la empresa en el centro de sus políticas. Aquí hay que dejar de demonizar a empresas y autónomos y empezar a crear.

–¿Qué prioridades marcaría ahora para la economía española?

–En primer lugar, ayuda directa a las familias. Estamos viendo el coste de la vuelta al colegio, el de los precios de los alimentos… En segundo lugar, los fondos europeos: no los estamos utilizando para dinamizar la economía y estamos perdiendo puntos de incremento de PIB. En tercer lugar, cuando comparamos nuestra deuda con la de Francia o Alemania teniendo en cuenta la población, vemos que estamos reduciéndola por debajo de la media de lo que hacen ellos. Tenemos que luchar por tener una economía mucho más productiva. Para lograrlo, habrá que analizarlo todo y ver qué reformas debemos hacer. Entre ellas está reformar la Administración para hacerla más ágil y que no sea un freno para la actividad económica. Creemos que este país necesita una reforma muy importante del sector público y del sector privado para copiar las mejores prácticas que hay en el conjunto internacional. Tenemos condiciones para ser un país muy potente. Por eso cuando dicen que Feijóo es catastrofista, respondo que lo primero para corregir algo es hacer un buen diagnóstico. Calviño y Sánchez empiezan a decir ahora que la situación será complicada. Es lo mismo que pasó con Zapatero: España lo pasó peor que otros en la crisis por responder más tarde. Seríamos catastrofistas si no propusiéramos soluciones, pero las estamos proponiendo. Tenemos que pensar que hemos salido de todas las crisis económicas, pero con las crisis de libertades, a veces nos hemos quedado en el camino perdiendo libertades. Este Gobierno está empezando a acostumbrarse a solucionarlo todo subiendo impuestos y restringiendo libertades.

–¿Qué le ha parecido la propuesta de Yolanda Díaz de controlar los precios de los alimentos?

–Es una forma de pensar, una política, que podemos ver en determinados países del otro lado del Océano. Sabemos las consecuencias que tiene. Hay que dejar de buscar culpables: la banca, las eléctricas, los medios de comunicación, el PP y ahora las grandes distribuidoras de productos de alimentación. Hay una elevación de los costes a nivel internacional, y eso hay que repercutirlo. Si se bajan los impuestos, se puede conseguir que los precios de los productos sean más baratos. En lugar de recaudar 16.500 millones, que es lo que llevan de enero a junio, pueden renunciar a una parte para ayudar a las familias. La intervención en una economía no ha funcionado nunca. Sería mejor que buscaran el diálogo en lugar de una imposición que además puede acabar en mercados paralelos.

–En la cuestión energética hay obstáculos que provienen de gobiernos del PP, como el establecimiento de la tarifa regulada en función del precio mayorista diario, algo que no se hace en ningún país de Europa. ¿Qué proponen en este terreno?

-Tenemos un documento en el que Feijóo ya hace referencia al PVPC y la volatilidad que supone relacionarlo con el mercado diario. Es verdad que la norma prevé posibilidad de ajustarlo a ese sistema o vincularlo a mercados a largo plazo para que esa volatilidad se vea amortiguada. Cuando el Gobierno planteó la excepción ibérica, ya le dijimos que era una solución parcial. Había que presionar a Bruselas para que modificara el sistema, y mira por dónde, ha dicho que va a hacerlo. Por otro lado, no podemos demonizar unas fuentes de energía para priorizar otras, cuando además no estamos siendo capaces de agilizar las renovables al ritmo que debería hacerse. Hemos demonizado la nuclear; hemos tomado decisiones en relación con la energía hidroeléctrica, que no aporta mucho, al menos en términos medioambientales; con el carbón, que estamos de acuerdo en intentar reducir y eliminar, hemos tomado decisiones tan aceleradas que no hemos podido tener una respuesta adecuada en momentos difíciles. En la ciudad o en el campo veo oportunidades para comunidades energéticas locales, eficiencia energética de los edificios, más instalaciones y placas fotovoltaicas… Con ello vuelvo de nuevo a los fondos europeos, pero ojo, estamos actuando con mucha ideología, poca tecnología y pocas decisiones. Estamos trabajando para reducir nuestra dependencia del gas ruso, pero el Gobierno propone sobre todo fotovoltaica, y ahí la dependencia sería de China, que es quien hace las placas solares.

–¿Qué medidas plantearían ustedes?

–Hay que hacer una planificación sin ideología. Por eso Feijóo planteó crear una sección en la AIReF dedicada exclusivamente a la energía, para intentar que las decisiones se tomen con buen criterio; para que no pase lo que ocurrió con Zapatero, con el que las renovables generaron un déficit tarifario de más de 25.000 millones de euros que todos estamos pagando todavía en la factura de la luz. Otra propuesta de Feijóo es bonificar a todos aquellos que sean capaces de reducir su tarifa. Viene en los documentos que ha elaborado Europa, en los anexos. También hablamos de garantías, de que las empresas puedan tener unos precios a futuro que les den una estabilidad. Esos mercados de futuros exigen liquidez. Proponemos incentivarla. Ellos intentan dar una solución mágica y no la hay. La excepción ibérica puede tener algunos elementos positivos, pero si le vendes la energía a Francia, Portugal, Andorra y algo a Marruecos con un tope que tenemos que pagar los españoles, que ya va por 500 millones y puede llegar a 1.000; si además se supedita al gas, con lo cual se ha tenido que producir más gas a pesar de que el objetivo era reducirlo; si además te enfadas con Argelia, que te daba el gas barato, pues a lo mejor el punto inicial podía no ser tan malo, pero lo has convertido en malo. Por eso Feijóo le dijo a Sánchez que estas políticas les superan, que son políticas de país. Son operaciones de quince-veinte años que España merece porque cuando se genera seguridad y estabilidad, las cosas funcionan y los precios bajarían. Se vería proyecto y posibilidades y se empezarían a producir inversiones que generarían actividad económica y empleo, que es a lo que tenemos que aspirar.

–En la parte final del año hay que presentar a Bruselas la segunda parte de la reforma de las pensiones, a la que está sujeta el envío de más fondos europeos. ¿Cómo ve lo que se está proponiendo?

-Europa no parece muy convencida de lo que está haciendo España. Tenemos que pensar puede generarnos problemas en la recepción de los fondos europeos. Las pensiones están ligadas al IPC. Tenemos que buscar medidas que rebajen la inflación. Por cada punto de inflación que bajemos, ahorramos mucho dinero en pensiones, y lo que quiere el ciudadano es que el producto le cueste menos cuando va a comprar. La segunda clave es que tengamos más empleo. Ellos dicen que tenemos más que nunca. Si analizas los datos, ves que tenemos 385.000 empleados públicos más desde 2018. Probablemente no es lo mejor para las cuentas públicas. Y sobre todo, tenemos aproximadamente 1,2 millones de fijos discontinuos. Cuando termina su trabajo, están en casa cobrando una prestación. Antes había 200.000-300.000. Ahora hay 1,2 millones. Si nos vamos a la productividad, a las horas trabajadas, vemos que no sería difícil sustituir a esos trabajadores. También afecta. Cuanta menos recaudación entre por ahí, más difícil será mantener el vínculo del IPC con las pensiones. Por último debemos ver algo que ya ha pasado con gobiernos anteriores del PSOE: primero sube las pensiones y luego las congela. Debemos tener una visión más amplia y una primera prioridad: que nunca se congelen las pensiones. En segundo lugar, que no se pierda poder adquisitivo: que se reconozca el trabajo que han hecho, que las pensiones sean sostenibles en el tiempo y que no se pongan en riesgo en el medio ni en el largo plazo, más aún sabiendo que llegan dos décadas complicadas por la jubilación de los miembros del baby boom. La solución no pasa solo por ligar las pensiones al IPC, sino por un conjunto de medidas.

–¿Su solución es la mochila austriaca?

–Es una derivada que se podría trabajar. También lo ha dicho el gobernador del Banco de España. Ahora sería una posibilidad porque podrían usarse fondos europeos. Una de las premisas que nos pide Europa es que reduzcamos la temporalidad. Aquí hemos hecho los fijos discontinuos, con los que hemos cambiado el nombre, pero no lo que está pasando. La mochila austriaca permite al empresario y al trabajador que la entrada y salida del empleado sea más fácil. Cuando llegara una etapa determinada en la vida del trabajador, habría podido acumular una pensión para muchos años. Tenemos que empezar a pensar en nuestras pensiones de una manera mucho más dinámica y no tan estática. También tenemos que pensar que los jóvenes que están empezando y tienen sueldos tan bajos son los que están manteniendo las pensiones. Debemos hacer ese equilibrio de justicia generacional y pensar de qué manera establecemos un sistema de pensiones para que esos jóvenes también la tengan asegurada el día de mañana. Zapatero subió las pensiones y luego las congeló. Quizá es mejor hacer algo de manera más acompasada y equilibrada.

–¿Cómo ve las perspectivas de posible recesión y la evolución del paro de aquí a final de año?

–Es difícil valorarlo, porque dependemos del entorno internacional. Todo apunta a que la guerra no va a finalizar. Si el Gobierno no adopta medidas, vamos hacia un final de año complicado. Donde más podemos notarlo es en el primer trimestre. La AIReF ya ha hablado de algún punto negativo en cuanto al crecimiento. La situación no va a estar bien, y la solución no es no hacer nada. El Gobierno debería abrirse un poco más a empresarios, trabajadores, comunidades autónomas y ayuntamientos y hacer un replanteamiento general.

–¿Y en cuanto al paro?

–Julio y agosto han sido malos. Un dato significativo es la pérdida de autónomos que se ha producido. El empresario al final intenta aguantar al máximo a sus trabajadores. Sabe que son el corazón de la empresa. Estamos empezando a ver los efectos negativos del entorno internacional, la inflación y la exageración de impuestos. Alemania ha bajado los impuestos y ha ayudado a sus empresas. Aquí los subimos y no damos estabilidad. Cuando Alemania habló de los ertes, les puso un horizonte temporal de dos años, mientras que aquí los íbamos lanzando cada tres meses, con todo en el aire y casi en el último minuto. Eso es falta de gestión y de planificación.

–En los últimos meses han llamado la atención el aumento de la presencia del Estado y la desaparición de consejeros independientes en Indra, la empresa que recuenta los votos en las elecciones, y el cambio en la presidencia del INE. ¿Qué le ha parecido?

-Una sociedad se mide por la calidad de sus instituciones. Aquí las denigramos continuamente en favor del Gobierno. No debería ser así. Tampoco es bueno para la sociedad, ni para ellos. Hablábamos del INE, pero antes podíamos hablar del CIS. Han desacreditado una institución tan importante en este país para convertirla en un instrumento de política española. En cuanto al INE, resulta que los datos no le gustaban. No le gustan a ninguno de los españoles, pero son los que son. Si tu política no es acertada, no puede llevar a buenos resultados. Has hecho unos cambios ahí quizá para intentar que alguien le dé un color más cercano a ti. Si hablamos del CGPJ, también lo estamos viendo, y eso ya no es una institución: es un poder del Estado. Y cuando el gobernador del Banco de España o la AIReF dicen algo que no les gusta, también le desacreditan. Además del ámbito público, se actúa en la esfera privada con Indra. Aunque en las elecciones hay ámbitos fuera de Indra que dificultan que pueda pasar nada extraño, se ha entrado en una empresa privada. Se han hecho acuerdos previos, algo que rompe con la legalidad o al menos con la ética. Pensar que un Gobierno se puede meter en una empresa para manipular su consejo en su interés particular, es muy grave. Si el inversor lo ve, no viene. Cuando el independentismo ha querido generar un control en Cataluña, las empresas se han ido. Este tipo de políticas que hace el Gobierno puede hacer que la inversión no vea España como lo que es: un destino fantástico para generar valor añadido.

–¿Qué opinión tiene de Elena Manzanera, la nueva presidenta del INE, que estando usted en la Junta fue nombrada directora del Instituto de Estadística y Cartografía, y desde ahí llega a su actual cargo?

–Es una buena profesional. Ha estado con nosotros en el Gobierno andaluz y solo podemos tener buenas palabras sobre su trabajo. No vemos problemas con su nombramiento. Lo que pasa es que aquí se cambia a las personas si no gustan los datos que dan. Si no los consigue, y no depende de ella, a lo mejor corre peligro su puesto de trabajo. Eso no puede ser. No puedes quitar a la persona que recoge la realidad de los datos. Tienes que modificar tus políticas para que los datos sean buenos. Cuando un presidente cambia ministros, organismos, instituciones y las cosas no funcionan, a lo mejor a quien hay que cambiar es al presidente.

–Las encuestas les son favorables. ¿Ve ya a Feijóo como presidente del Gobierno?

-No dejan de ser encuestas. En principio las elecciones no serán antes de noviembre-diciembre de 2023, enero de 2024. Lo que es cierto es que Feijóo dijo que venía a trabajar por los españoles y sus propuestas están siendo refrendadas. El ascenso en las encuestas es el reflejo de que los españoles confían en él para que sea capaz de enderezar la situación económica de este país.