La desastrosa gestión de los fondos europeos liquida al coche eléctrico en España

Dijo Pedro Sánchez en junio de 2022 que «por primera vez en muchos años, España cuenta con una verdadera política industrial» y lo hacía orgulloso por ampliar en 225 millones el plan MOVES y contar que se habían destinado 2.000 millones al despliegue del vehículo eléctrico.

El Gobierno le ha puesto todo tipo de nombres y ha vendido como sólo este Ejecutivo sabe hacer, que España iba a ser la cuna del vehículo eléctrico. Que dentro de nuestras fronteras se iban a construir coches eficientes y las mejores baterías. Si a eso añadimos que desde Europa se han entregado ya 7.700 millones de euros para la estrategia europea Repower EU, resulta que España debería tener un saldo millonario que se pierde entre tantos ceros para hacer despegar al sector.

Quejas del sector

La realidad es mucho más dura. Los fabricantes de coches ven como tienen que cerrar sus plantas por la falta de componentes mientras sufren una burocracia que se vuelve tan insufrible como para salir corriendo y renunciar a todo.

Ford fue la primera compañía en dar el paso. En agosto de 2022 renunció a las ayudas del PERTE aunque logró evitar el cierre de la fábrica de eléctricos de Almussafes (Valencia). El caso es curioso, Ford renunció a 106,3 millones de euros por un problema de plazos. Su idea es hacer la inversión pactada en 2026, un año después de la fecha a la que obliga el Gobierno.

Ahora es el turno de Volkswagen que está dispuesta a renunciar a casi 170 millones de euros entre subvenciones y préstamos si no hay una resolución favorable y urgente para seguir adelante con sus gigafactoría de baterías en Sagunto.

Volkswagen dejará de invertir 3.000 millones de euros si la burocracia y la complejidad técnica del plan no son favorables al modelo de negocio que quiere implantar en España.

Tanto daño ha hecho este anuncio que la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, anunció a las pocas horas que el Gobierno ha ampliado a 880 millones de euros las ayudas públicas a repartir en el marco del Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica del Vehículo Eléctrico y Conectado (Perte VEC), lo que supone aumentar en casi 300 millones de euros los fondos adjudicados en la resolución provisional

Stellantis entró de milagro en el reparto de fondos. Tuvo que presentar alegaciones y, solo así, consiguió que la planta de Vigo formase parte del PERTE de 43 millones de euros, aunque queda por saber si es capaz de aguantar la burocracia o, será la única que se lleve el pastel.

Renault

Renault también tiene el visto bueno del PERTE a cambio de una inversión de 40 millones recibirá 74 millones. Aunque las quejas ya han aparecido en boca de José Vicente de los Mozos que señaló que «solamente con poner fábricas de baterías no se arreglan las cosas. Se necesita un plan país y una hoja de ruta para la transformación de la industria».

El sector del automóvil se ha quejado públicamente de que las exigencias de Bruselas y de España para conseguir estas ayudas son demasiado complejas y que los plazos se vuelven contra ellos que, por otra parte, está dispuestos a invertir, pero con más facilidades.

El caos en que ha convertido el Gobierno las ayudas que llegan desde Bruselas ha despertado el interés del organismo europeo por saber qué hace España con ese dinero. La Dirección General de Asuntos Económicos de la Comisión Europea se presentó en España el pasado mes de septiembre para auditar la gestión del dinero.

Ceses

España no ha cumplido con los hitos, según hizo público Bruselas, para recibir fondos y, dentro de España, el sistema Coffee no recoge los datos sobre la ejecución de proyectos. Los rumores sobre la opción de que Bruselas congele los fondos a España provocaron la salida de Rocío Frutos al frente del Plan y del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. Jorge Fabra fue la persona indicada para sustituir a Frutos y lidiar con una crisis importante.

España puede pasar de vender la máxima ilusión por electrificar la industria del automóvil a que el Gobierno de Sánchez se meta en un grave problema si no los fondos no se gestionan con la máxima diligencia.