Las medidas del Gobierno contra la crisis energética beneficiaron más a las rentas altas que a las bajas

las medidas implementadas por el Gobierno para reducir el impacto de la crisis energética en el bolsillo de los ciudadanos han beneficiado en mayor medida a las rentas altas que a las bajas, según ha revelado el informe sobre los Presupuestos de 2023 elaborado por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF).

El organismo independiente ha advertido de que «las medidas que actúan sobre los precios de la energía no presentan especial focalización en los individuos de menor renta», a pesar de que este grupo es el que destina una mayor proporción de sus ingresos al consumo de energía y alimentos –los elementos que más han subido de precio–. El enfoque del Ejecutivo contradice las recomendaciones lanzadas en los últimos meses por organismos internacionales como el BCE, el FMI y la OCDE, que han llamado a centrar las ayudas en los más vulnerables.

Tal como señala la AIReF, el carácter regresivo de estas políticas ha llevado a que la población más rica se lleve la mayor parte del importe de ayudas como la bonificación de 20 céntimos al litro de combustible o la rebaja del IVA del gas. «Los deciles (de renta) altos absorben una parte importante del coste de las medidas», incide el organismo.

En cuanto a las subvenciones en los abonos de transporte, la AIReF recuerda que «tampoco muestran focalización (en los más vulnerables), al concentrarse estas infraestructuras en ciudades, que en general presentan mayor nivel de renta».

Un impacto mínimo para las rentas altas

A pesar de esto, el impacto del plan anticrisis en los hogares más pudientes habría sido mínimo, ya que el alto nivel de sus rentas hace que estos bienes de primera necesidad no pesen tanto en su desembolso a final de mes. Así, las subvenciones solo representaron el 0,9 % de sus ingresos.

Por el contrario, las ayudas llegaron a suponer al 17 % de los ingresos de la población más pobre. Si bien los más vulnerables se beneficiaron menos de las subvenciones en términos absolutos, estas tuvieron un mayor peso relativo en su economía por las rentas tan bajas de las que disponen.

«Las medidas no están siendo bien dirigidas. Estamos transfiriendo mucho dinero a las personas más ricas, para quienes además las ayudas tienen un impacto pequeño. Este podría ser mucho mayor si todas ellas se dirigiesen a las de menor renta», afirma Juan Luis Jiménez, profesor de Economía en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.

En esta línea, la AIReF valora positivamente medidas como «el incremento del 15 % del ingreso mínimo vital y de las pensiones no contributivas, la ayuda de 200 euros a hogares vulnerables o el bono social térmico» por su mayor focalización en la población más vulnerable. Por su parte, el complemento a las becas o la ampliación de la reducción de los rendimientos del trabajo afectaron principalmente a hogares de rentas medias.

La incógnita de la prórroga en 2023

El Ejecutivo aún no ha decidido qué medidas prorrogará el próximo año y bajo qué condiciones lo hará. Por el momento solo ha confirmado que se mantendrá en 2023 la gratuidad de los trenes de cercanías y de media distancia y la subvención a la tarifa regulada del gas.

Juan Carlos Jiménez tiene claro que el Gobierno debería suprimir la bonificación de los carburantes. «Es una medida que está subsidiando principalmente a las rentas altas, que somos los que más utilizamos los combustibles. Su coste –que podría alcanzar los 11.305 millones de euros entre 2022 y 2023– equivale al de otras tres o cuatro medidas. Esto se une al papel que juega en la generación de emisiones contaminantes», recuerda.

El economista cree que el Ejecutivo debería mantener el próximo año el resto de medidas, pero estas «deberían focalizarse a menores niveles de renta y de manera progresiva». «Las ayudas deben centrarse en los individuos más afectados por la crisis. Las personas de renta alta contamos con mejores herramientas para defendernos».