La estrategia fallida de Yolanda Díaz trae un panorama preocupante para el empleo en España

Hace unos días me contaba algo muy significativo un cargo importante de una de las instituciones financieras más relevantes de este país. En una reciente reunión con empresarios de una comunidad autónoma le habían dicho qué les preocupa más de la actual situación: que no encuentran empleados preparados para el trabajo que necesitan y que además, en general, la gente no quiere trabajar. Quien ponía más énfasis en esta afirmación era un directivo de una compañía del Ibex 35.

Así es el escenario que va avanzando en España, con una educación en los colegios cada vez más alejada del esfuerzo, una educación universitaria a menudo distanciada de la realidad empresarial, una formación profesional muy por detrás del desarrollo que tienen países como Alemania y una serie de subvenciones y ayudas que cada vez desincentivan más querer trabajar. A todo ello hay que unir el creciente número de trabas e impuestos que se ponen a las empresas, que son quienes con su innovación y creatividad hacen crecer el empleo y la riqueza de un país.

Las consecuencias se ven en los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) aparecidos hace unos días: el paro sube por primera vez desde 2011 en el tercer trimestre, un periodo tradicionalmente bueno para la creación de empleo, y el número de ocupados aumenta solo en 77.700, 4,6 veces menos que en el año 2021 y 7,3 veces menos que en 2020, como recuerda José Luis Fernández Santillana, del sindicato Unión Sindical Obrera (USO). Mantenemos una tasa de desempleo del 12,6 %, el doble que la media de la Unión Europea.

Los datos son malos, y a ello contribuyen la estrategia global del Gobierno, centrada en penalizar la cultura del esfuerzo, castigar a las empresas o no trabajar con eficacia en la mejora de organismos como el SEPE o la formación profesional, y la estrategia particular de Yolanda Díaz, con una contrarreforma laboral que no está funcionando: ni acelera la creación de empleo ni reduce la temporalidad, el gran problema que prometía atajar. Como bien contaba USO en su informe mensual de contratación y afiliación a la Seguridad Social, un 34 % de los contratos temporales realizados en septiembre era de menos de siete días. La duración media de los días contratados se quedaba en poco más de mes y medio, lejos de la obtenida hace un año, cuando se alcanzaban los dos meses. Y aunque el Gobierno presume de aumento en los contratos indefinidos, uno de cada tres en septiembre estaban dentro de la categoría de fijos discontinuos, que realizan una jornada inferior a la completa. Solo el 38,4 % de los contratos indefinidos realizado en septiembre era a jornada completa, 16,8 puntos menos que en septiembre de 2021.

El Ejecutivo de Sánchez pretende maquillar los datos con los fijos discontinuos y la creación de empleo público (dos de cada tres puestos de trabajo surgidos en el último trimestre son de este tipo), como si la solución fuera así de fácil y seguir aumentando el gasto público no fuera un problema ahora y en el futuro. Además, el Gobierno que alardea de feminismo ve cómo la contratación a tiempo parcial, que tantas veces han criticado por su precariedad, crece básicamente entre las mujeres. El 69 % de las personas con contrato indefinido a tiempo parcial en septiembre son mujeres.

La realidad del empleo en España es cruda, y el previsible crecimiento negativo del PIB en los próximos trimestres no augura nada positivo. Hoy más que nunca hace falta una política que facilite realmente la creación de puestos de trabajo, y de momento parece que la estrategia es más bien fallida.