Europa avisa a España de la vuelta de las reglas de gasto

La Comisión Europea ha explicado hoy cómo se va a volver al control de las reglas de gasto en Europa, o lo que es lo mismo, a la exigencia para los países de mantener un déficit inferior al 3 % y una deuda por debajo del 60 % del PIB. Como es conocido, se espera que el déficit cierre en España en torno al 5 % en 2022, mientras que la deuda pública se sitúa hoy en día en el 116 % del PIB.

La nueva senda de gasto, que atiende a la petición de flexibilidad que hicieron países como España, clasificará a los Estados miembro en tres categorías en base a la deuda pública que acumulen.

Los países con una deuda «sustancial» deberán alcanzar un ajuste fiscal completo en el horizonte de este plan, es decir, cuatro años, que se reducen a tres en el caso de las economías con una deuda «moderada», mientras que aquellos con una deuda «baja» no tendrán la obligación de realizar ajustes.

Sin embargo, la propuesta contempla que para los países que tengan una gran deuda pública el periodo de 4 años tenga una posibilidad de extensión hasta un máximo de siete si estos se comprometen a realizar reformas o inversiones. En todo caso, los Estados miembros deben asegurar que la deuda está en una senda de descenso plausible.

Sanciones automáticas

La Comisión Europea ha propuesto de este modo dar más flexibilidad a los países para reducir sus niveles de deuda y déficit públicos en función de su situación nacional, pero a cambio sugiere introducir sanciones más automáticas en casos de incumplimiento, aunque serían de menor cuantía.

«Si miras cómo ha funcionado el marco de gobernanza fiscal en las últimas décadas, hay que arreglar varias cosas», reconoció en una rueda de prensa el vicepresidente económico del Ejecutivo comunitario, Valdis Dombrovskis, quien recordó que la deuda es «demasiado alta» en algunos países, los periodos de bonanza no se utilizaron para crear colchones fiscales y «casi todos los países se han saltado las normas en algún momento».

La propuesta mantiene la meta de reducir la deuda por debajo del 60 % del PIB y que el déficit sea inferior al 3 %, pero elimina la regla que obliga a los socios a reducir cada año un veinteavo del exceso de deuda en favor de una senda específica diseñada por cada Gobierno en función de su situación fiscal.

El nuevo indicador clave para determinar el ajuste fiscal y evaluar si los Estados cumplen será una «senda de gasto neto», que se traducirá en topes al gasto público en los presupuestos anuales, con lo que Bruselas busca «simplificar» las normas.

Los planes tendrán que ser aprobados tanto por la Comisión Europea - que propondrá una senda de ajuste de referencia para los países con deuda alta o moderada - como por el resto de socios de la Unión Europea y plasmarse en los presupuestos nacionales.

«En última instancia, lo que importa para la sostenibilidad de la deuda es que los Estados miembros reduzcan sus ratios de deuda pública de forma realista, gradual y sostenida», dijo en la presentación de la propuesta el comisario europeo de Economía, Paolo Gentiloni.

A cambio de esta mayor flexibilidad en la reducción de la deuda, que venían reclamando socios como España, Francia o Italia, el Ejecutivo comunitario propone ampliar el arsenal de sanciones si algún país se desvía de la senda de gasto pactada con las instituciones comunitarias.

En un gesto de acercamiento a socios como Alemania, Países Bajos o Austria, que los últimos años han criticado la ausencia de multas para los países más endeudados, el documento de Bruselas sugiere que las nuevas sanciones sean más automáticas en casos de incumplimiento.

Esto reduciría la discrecionalidad de las autoridades comunitarias para adoptar sanciones, pero las multas serían de menor cuantía y se centrarán más en el efecto que tendrían sobre la reputación de los Estados miembros castigados.

Multas de decenas de millones

Frente a las multas del 0,2 % del PIB que contempla el marco fiscal actual (que en el caso de España se traducirían en multas potenciales de hasta 2.400 millones), el nuevo enfoque prevé sanciones de decenas de millones de euros, similares a las que Bruselas propone en los expedientes de infracción contra países.

«La posibilidad de imponer sanciones financieras se mantendrá y se hará más creíble bajando las cantidades», explicó Gentiloni.

Por otro lado, el nuevo marco fiscal incluye también la posibilidad de activar una cláusula general de escape que suspenda la aplicación de las reglas -como sucedió en la pandemia y tras la guerra rusa en Ucrania-, y añade la posibilidad de que dicha suspensión se aplique únicamente a un país o grupo de países que sufran una crisis específica.

En contra, queda fuera la posibilidad de introducir una «regla de oro» que excluya del cálculo del déficit las inversiones en prioridades como las transiciones verde o digital o defensa, una opción que los Veintisiete han abordado estos meses atrás pero sobre la que «no ha surgido un consenso», recuerda Bruselas.