El intervencionismo asfixiante como coartada y objetivo del Gobierno

El Gobierno se entromete cada vez más en la libertad individual y empresarial. Su actuación tiene un doble objetivo. En primer lugar, en el corto plazo, tratar de tapar su incapacidad para la gestión -pues está demostrado que este Gobierno es el más inoperante que hemos tenido-, con un intervencionismo populista, electoralista, demagogo, con el que tratar de aplacar a sus potenciales votantes culpando de los males de la economía a lo que llaman, en palabras del propio presidente Sánchez, «los poderosos», que la vicepresidenta Díaz lo escenifica diciendo que «las empresas se están forrando» con la inflación. En segundo lugar, ese intervencionismo tiene un fin más a largo plazo, que es entrometerse en la vida de familias y empresas para decidir por nosotros cada cuestión de nuestras vidas, dejando sin margen apenas a la libertad individual y, con ella, a la necesidad de que cada sujeto económico asuma también su responsabilidad.

Quieren un país de subvencionados, débil, que no pueda pensar por sí mismo, que necesite de los cheques electorales que reparte el Gobierno a su antojo. Es una nueva forma de tratar de volver a la época del caciquismo de la Restauración, solo que ahora con menos talento por parte de quienes distribuyen las prebendas.

Han intervenido el mercado de la luz, el del gas y el del alquiler. Quieren intervenir el mercado de las hipotecas –aunque ahí, con la normativa bancaria, lo tienen más difícil– y ahora quieren extender su intervencionismo al de los alimentos, limitando el precio de los productos. Es un intervencionismo que va contra la lógica económica, contra las leyes del mercado que rigen las transacciones y contra la prosperidad, ya que si hay intervencionismo puede generarse escasez y, con ello, mercado negro y precios todavía más elevados.

Si suben los precios, quieren subir el salario mínimo, que sólo empeorará las cosas –miremos a Venezuela para ver cuánto pueden deteriorarse con un intervencionismo continuo–, y así con cada faceta de la vida.

Si alguien se está enriqueciendo con la inflación –«forrando», en palabras de la vicepresidenta Díaz– es la Administración, el Gobierno de la nación, que está asfixiando a las familias y a las empresas con los impuestos, haciendo que paguen más debido al aumento de precios. Esa mayor recaudación, ya más de 30.000 millones de euros, es a costa de los ciudadanos, que no pueden llegar a fin de mes mientras el Gobierno dilapida los recursos que les son drenados vía impuestos, mientras el Ejecutivo se niega a deflactar el IRPF o baja sólo a rastras y sólo muy parcialmente el IVA de productos básicos, dejando fuera de dicha bajada a la carne, el pescado o las conservas. Debe de ser que hace mucho que los miembros del Gobierno no hacen la compra si consideran que dichos productos no son básicos. Probablemente, debería bajar masivamente otros impuestos directos en lugar de los indirectos, pero como no hace lo primero, al menos que alivie temporalmente lo segundo, pero ni una cosa ni otra. Es más, si puede, subirá los impuestos, como ya está haciendo con todas las nuevas figuras tributarias.

En definitiva, contamos con un Gobierno sin ideas, sin capacidad ni experiencia para gestionar, que huye hacia adelante asfixiando a todos los ciudadanos a través de más impuestos y de un intervencionismo que trata de extender como una mancha de aceite. Es probable que dentro de menos de un año caiga derrotado en las elecciones generales y se abra un rayo de esperanza en la economía y vida españolas, pero hasta entonces la asfixia irá creciendo de manera cada vez más insoportable. Confiemos en que no deteriore mucho más la situación, aunque siendo Sánchez y tratándose de un año electoral, podemos esperar lo peor.

• José María Rotellar es profesor de la Universidad Francisco de Vitoria