Las constructoras temen que el Gobierno no prorrogue la revisión de precios en la obra pública

La Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras (Seopan) cree que el Gobierno no prorrogará el sistema excepcional de revisión de precios aprobado el año pasado para mitigar el efecto del alza de los precios en los contratos de obra pública.

Así lo ha trasladado el presidente de la patronal, Julián Núñez, en una rueda de prensa en la que ha advertido de que esta posible decisión del Gobierno provocará que muchas licitaciones se queden desiertas al no poder asumir ninguna empresa el riesgo de no contar con un sistema de revisión de precios.

Núñez sospecha que el Ejecutivo no prorrogará esta medida que vence el próximo mes de marzo, tras no haber recibido ninguna respuesta a todas las propuestas que Seopan ha remitido desde el pasado mes de noviembre para su prórroga y para introducir nuevos parámetros al mecanismo, como la inclusión de los precios de la energía o de la mano de obra y de nuevos materiales, así como de la eliminación de los límites de 5 % de incremento de precio y del 20 % de aumento del presupuesto que establece la actual ley.

El sector admite que el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana sí está por la labor de prorrogar el texto, al ser consciente de su necesidad, pero los Ministerios de Asuntos Económicos y de Hacienda se estarían oponiendo por sus efectos en las cuentas públicas.

A esto se suma la advertencia que Seopan ha hecho sobre el retraso y la baja ejecución de los Perte y de los proyectos financiados con los fondos europeos, lo que obligará a prorrogar los plazos de ejecución del Next Generation para no perder financiación, como mínimo en un año adicional.

El presidente de la patronal ha lamentado que solo el 6,7 % de los fondos europeos se haya destinado a infraestructuras, es decir, 11.619 millones de euros de los 173.525 millones disponibles totales, pese al efecto multiplicador que cree que este sector tiene en la actividad económica y el empleo.

En este sentido, ha comparado la situación de España con la de Italia, país que ha destinado una inversión seis veces mayor a la red de alta velocidad ferroviaria y casi el doble a la movilidad sostenible que en España, así como un paquete de 10.900 millones a la infraestructura urbana y puntos de recarga eléctrica, todo ello con los fondos europeos.

De cara a 2023, las previsiones de la patronal apuntan a un crecimiento de la actividad de la construcción del 4 %, motivado por el incremento del 12 % en la obra civil y del 5,6 % en la edificación no residencial. Sin embargo, prevé que la obra residencial se estanque este año por el efecto de la inflación y de los tipos de interés.

Falta de voluntad

El sector ha puesto de manifiesto la urgencia en modernizar y actualizar la regulación de la contratación pública en España para poder ejecutar hasta 2027 más de 212.000 millones de euros en ayudas financieras europeas.

Núñez ha reiterado «la falta de voluntad política» para solucionar «la parálisis y bloqueo normativo» derivado de la Ley de Desindexación de 2015, que impedía desde ese año la revisión de precios, aunque el Gobierno aprobó el año pasado un mecanismo extraordinario para hacerlo posible, que vencerá en marzo.

No obstante, esta herramienta excluía de revisión los costes energéticos y de mano de obra, así como los contratos de conservación, mantenimiento y operación de carreteras, ferrocarriles y ciclo integral del agua, con más de 70.000 trabajadores.

«La inexistencia de sistemas de revisión de precios en estos contratos hace insostenible su ejecución al representar sus costes salariales y de energía, de media, un 30 % (vías y ferrocarriles) y un 31 % (ciclo del agua), respectivamente», ha explicado.

Además, pese a que algunos materiales como el acero, cobre y aluminio están reduciendo sus precios un 6 % el primero y un 12 % el segundo y tercero, continúan siendo un 51 %, 38 % y 33 % superiores, respectivamente, a los de 2020. El gas y la electricidad también bajan actualmente un 12 % y 62 %, pero siguen un 556 % y 121 % más caros con respecto a los de 2020.

En relación con la inversión pública, Seopan ha reiterado su «insuficiencia» con unos registros en transporte, depuración y abastecimiento de agua un 52 %, 54 % y 58 % inferiores, respectivamente, con respecto a 2010.