La chapuza de los trenes sale cara al Gobierno: esta es la tajada que han sacado Asturias y Cantabria

Las dimisiones –o «relevos», como las calificó el Gobierno– del presidente de Renfe y de la secretaria de Estado de Transportes no fueron suficientes para apaciguar los ánimos de los presidentes cántabro y asturiano, que este lunes se reunieron el Madrid con la ministra Raquel Sánchez para exigir responsabilidades por la chapuza de los trenes que han obligado a retrasar el servicio hasta 2026. No les ha ido mal a los dirigentes regionales, que han sacado una buena tajada a cuenta del Estado en su visita a la capital.

Revilla, viejo zorro, reconoció sentirse «humillado» a su llegada a la sede del Ministerio. Aunque estaba al corriente desde hace tiempo del asunto, como él mismo reconoció, el presidente cántabro sabía que el error del Gobierno era un boleto ganador para las arcas de la región.

Y así ha sido. Además de las disculpas de Sánchez –Raquel, que no Pedro–, el Ministerio de Transportes (Mitma) se ha comprometido a realizar inversiones por valor de 1.100 millones en cada comunidad para la «reconstrucción e impulso de la infraestructura y los servicios prestados» en materia de movilidad.

También se ampliará el número de trenes de ancho métrico de los 31 previstos a 38 convoyes con la firma de nuevos contratos «que garanticen la renovación total de la flota de trenes (…) con unidades que respondan a las máximas prestaciones de confort y sostenibilidad». Estos comenzarán a fabricarse a finales de este año para que puedan ponerse en servicio el primer semestre de 2026.

El Mitma se compromete además a «extender la aportación económica actual» para la gratuidad de los cercanías en Asturias y Cantabria más allá del 31 de diciembre de este año y hasta la entrega de los nuevos trenes. Para ello, el Ministerio habilitará a través de los Presupuestos Generales del Estado partidas económicas de aportación a la financiación del sistema de transporte público de Asturias y Cantabria, para aplicar las correspondientes bonificaciones y mejoras en la prestación del servicio.

El acuerdo establece igualmente la adopción de «medidas de acondicionamiento de los trenes actuales; la mejora de horarios, frecuencias y tiempos de viaje y la creación de un comisionado con ‘hilo directo’ con las dos comunidades para hacer un seguimiento del cumplimiento de los compromisos».

«No ha existido mala fe»

Tras la reunión, Raquel Sánchez asumió la responsabilidad de lo sucedido, pero aseguró que «no ha existido mala fe, no se ha malgastado ni un solo euro de dinero público y no se ha producido ninguna situación irreversible porque no se ha fabricado ningún tren».

«Ni es banal ni es cómico tener un parque de trenes que en muchos casos supera los 40 años y no es ninguna chapuza la inversión que hemos puesto en marcha para revertir esta situación».