Varias personas intentar evitar el desalojo por parte la policía de una nave industrial okupada en Badalona
Los juicios por ocupaciones caen un 20 % mientras estas siguen en máximos
En 2022, las denuncias por usurpaciones y allanamientos de vivienda apenas se redujeron un 3 %
En pleno conflicto con Podemos por las desocupaciones exprés que pretende incluir el PSOE en la nueva ley de vivienda, el Consejo General del Poder Judicial acaba de publicar las cifras de procedimientos para recuperar la posesión de las viviendas, que se han reducido considerablemente a pesar de que este tipo de delitos sigue en máximos.
En su informe Efectos de la crisis económica en los órganos judiciales, el CGPJ detalla que las demandas por ocupación ilegal de vivienda se redujeron un 20 % respecto al año anterior a pesar de que el número las ocupaciones sigue en máximos con apenas una caída del 3 % respecto al año anterior.
El máximo órgano del Poder Judicial señala que en 2022 se produjeron 2.784 verbales posesorios por ocupación ilegal de viviendas ingresados frente a los 3.479 del año anterior. La mayor parte de procedimientos se produjeron en Cataluña (657), Andalucía (536) y la Comunidad Valenciana (387)
Sin embargo, y según datos del Ministerio de Interior, en España se produjeron el pasado año 16.726 ocupaciones por las 17.274 del año anterior, un descenso del 3 %. La mayor parte se concentró en Cataluña (6.547), Andalucía (2.350) y Valencia (1.874).
Este es el primer año desde 2016 en el que se han reducido el número de ocupaciones ilegales en nuestro país, pero seguimos todavía muy lejos de las cifras prepandemia, cuando se produjeron 14.621 casos.
Conflicto entre PSOE y Podemos
El pasado año, el PSOE presentó dos enmiendas a la ley de eficiencia organizativa para agilizar los procesos de desalojo en los casos de allanamiento y ocupación ilegal de viviendas, una medida que fue duramente criticada por Podemos que acusó a los socialistas de «asumir la agenda de la derecha».
Los socialistas tienen la presión del PSC y PDeCAT ya que Cataluña es la comunidad más afectada por este tipo de delitos mientras que Podemos ya ha anunciado que votará en contra. Se espera un marzo caliente en los pasillos del Congreso.
