Nuevo varapalo para Escrivá: retrasar la jubilación dañaría el sistema de pensiones en el largo plazo

La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) ha publicado el segundo informe de su serie dedicada a analizar los efectos presupuestarios de la reforma del sistema público de pensiones. Sus conclusiones son que los incentivos a retrasar la jubilación y la reforma del sistema de cotización de los autónomos podrían suponer un alivio considerable para las cuentas del sistema público de pensiones en el corto y medio plazo, pero se iría difuminando hasta perderse en el año 2050. A la reforma de Escrivá, por tanto, le falta más visión a largo plazo para garantizar la sostenibilidad del sistema.

Según los cálculos de Fedea, el ahorro neto generado por las medidas alcanzaría un punto de PIB a comienzos de la próxima década y se iría reduciendo después, hasta convertirse en negativo a partir del año 2050. El ahorro promedio entre el año 2022 y 2050 sería de medio punto de PIB.

La Fundación llama la atención sobre las deficiencias de la documentación técnica de la reforma de las pensiones. Sugiere que la nueva Agencia de Evaluación se encargue de filtrar las memorias de las leyes con mayor impacto presupuestario para asegurar una calidad mínima.

Las estimaciones que se presentan en el trabajo se basan en hipótesis optimistas (aunque no tanto como las del Ministerio) sobre la incidencia de la jubilación demorada. Estiman que alcanzaría el 100 % en un plazo de 10 años con una demora media de 1 año (en lugar del 60 % con una demora media de tres años, como supone el Ministerio). En cuanto a los efectos de la reforma del RETA, suponen (como presumiblemente hace también el Ministerio) que la cotización media de los trabajadores autónomos se equipara gradualmente a la del régimen general en un plazo de 10 años. «Podría ser difícil de conseguir dada la previsible resistencia de este colectivo a lo que supondría una subida fuerte de sus cotizaciones», indican en Fedea.

Si la reforma del RETA y los incentivos a la jubilación demorada funcionan tan bien como Fedea ha supuesto, algo que no está asegurado, su rápido despliegue durante los próximos diez años se traduciría en apreciables incrementos de ingresos y reducciones de gasto que llegarían a tener un impacto neto positivo sobre el sistema de algo más de un punto de PIB en 2032 y 2033. A partir de ese momento, los ingresos se estabilizarían y los gastos comenzarían a crecer rápidamente hasta igualarse a los ingresos en torno a 2050. De ahí en adelante, el efecto neto de estos componentes de la reforma sería negativo.

En opinión de Fedea, «las medidas aprobadas mejorarán la situación financiera del sistema de aquí a 2050, que es cuando se espera una mayor presión sobre el mismo, al coste de empeorarla después, cuando se prevé que la situación sea más favorable y exista más margen para absorber los mayores costes. Su efecto, por tanto, iría en la dirección correcta, pero es también muy incierto y podría no ser suficiente. Dejando de lado el (nada desdeñable) riesgo de que el éxito de las reformas sea menor de lo esperado, la cuestión es si el ahorro neto generado en la primera parte del período (medio punto de PIB en promedio entre 2022 y 2050) será o no suficiente para evitar que el déficit del sistema de pensiones se dispare en las próximas décadas en ausencia de medidas adicionales».

El informe llama la atención sobre las deficiencias y la difícil accesibilidad de la documentación técnica que acompaña, o debería haber acompañado, a las normas mediante las que se ha implementado la reforma del sistema de pensiones. Para evitar problemas de este tipo en el futuro, proponen que una de las tareas de la Agencia prevista en la nueva ley de evaluación de políticas públicas sea la de filtrar las memorias de las normas con mayor impacto presupuestario para asegurarse de que éstas cumplen unos estándares mínimos de claridad y competencia técnica.