El partido de Yolanda Díaz quiere aumentar el IBI de las segundas residencias un 150 %

El pasado jueves, Yolanda Díaz reveló las claves de Sumar, un proyecto político personalista que espera recoger los restos de un Podemos en decadencia y arañar algunos votos del sector menos moderado del PSOE. En materia de vivienda, la actual vicepresidenta aboga por el intervencionismo y un mayor régimen sancionador, tanto a grandes tenedores como pequeños propietarios con segunda residencia.

En su página web, Díaz está recogiendo las propuestas ciudadanos sobre todo tipo de sectores, siempre que vayan en consonancia con el ideario marcado en los grupos de trabajo, en los que han colaborado diferentes expertos de la cuerda de la gallega. El documento titulado Vivienda Digna, precisamente, está elaborado por Javier Burón, abogado especializado en jurídico-económico, y actual gerente de Vivienda del Ayuntamiento de Barcelona.

En el resumen del documento, Burón revela que la misión de Sumar es desarrollar «un servicio público de vivienda y una normativa que evite la especulación, proteja a los residentes y garantice la función social de la propiedad». Para ello propone aumentar el gasto público en vivienda del 0,1 % al 1 % del PIB en la próxima década y aumentar al 30 % la distribución del alquiler en España –actualmente está en el 23 %–.

En línea con Sánchez, el autor aboga por reconvertir la gestión de la Sareb para destinar la mayor parte de su patrimonio al parque de vivienda social de alquiler. Además, propone intervenir las viviendas vacías y la regulación de alojamientos turísticos, alquiler de temporada y compartido, para dar más seguridad a los inquilinos «e impidiendo los desalojos sin alternativa habitacional».

Propone limitar la compra de segundas residencias en zonas tensionadas

Pero uno de los asuntos más polémicos es el de las segundas residencias. Este partido propone limitar la compra de vivienda «si no es para residir en ella» en zonas del territorio que estén excesivamente tensionadas o no haya espacio para el crecimiento de vivienda.

Para ello, pretende establecer, a través de la tributación asociada al impuesto sobre bienes e inmuebles (IBI), diferencias entre viviendas principales y secundarias, de alquiler a largo y corto plazo, viviendas vacías y en uso, protegida de alquiler y de mercado, y de nueva construcción o rehabilitación. Para los casos que considere, incluye subidas de hasta el 150 % de este impuesto.

Además, propone crear un registro de viviendas vacías y sancionar a los grandes tenedores cuando los inmuebles estén vacíos durante más de dos años y suprimir los beneficios fiscales de las sociedades que tenga más de 100 viviendas salvo que destinen, al menos, un 25 % de ellas a alquiler social.

Quiere estabilizar el mercado de compraventa dificultando la firma de hipotecas a tipo variable

Respecto a los particulares, sugiere limitar las deducciones de IRPF solo para aquellos propietarios que pongan precios de alquiler similares a la vivienda protegida y firmen contratos de larga duración. También quiere estabilizar el mercado de compraventa mediante hipotecas de tipo fijo y «dificultar» el variable.

Finalmente, propone facilitar el acceso a la vivienda a personas en situación administrativa irregular, crear «viviendas de emergencia» para colectivos en situación de exclusión social y un plan «de detección de infraviviendas» (chabolas) para rehabilitarlas hasta que obtengan los mínimos niveles exigidos de habitabilidad.