Los impagos del Gobierno provocan el embargo de un colegio español en Londres

La morosidad española ya está pasando factura a los intereses de nuestro país en el extranjero. La Justicia inglesa ha autorizado el embargo del Instituto Vicente Cañada Blanch, situado en la calle Portobello Road de Londres, como compensación por el laudo pendiente de pago por el caso Antin.

El CIADI, institución del Banco Mundial para la resolución de disputas de inversión entre estados, determinó en 2018 que España tenía que pagar los 101 millones de la indemnización original, más 20 millones por intereses de demora y 6 millones por las costas. En total, 127 millones de euros.

El proceso comenzó en 2013 cuando el fondo de inversión Antin presentó una demanda contra el Gobierno por el recorte de incentivos en las energías renovables aprobados ese año. El grupo luxemburgués invirtió 139,5 millones en 2011 en la construcción de plantas solares en Granada, pero el cambio en la política de incentivos supuso un perjuicio a sus intereses.

A pesar de que el CIADI admitió la demanda de Antin, el Gobierno español se negó a pagar argumentando que ya intentó resarcir a los inversores con la publicación de un decreto ley en 2019 que otorgaba a las plantas afectadas por la reforma una rentabilidad garantizada hasta el 31 de diciembre de 2031 a pesar de que, en su opinión, las instalaciones ya estarán entonces «sobradamente amortizadas».

Ahora los demandantes están acudiendo a los tribunales de países pertenecientes al CIADI con intereses españoles para poder ejecutar embargos de las propiedades del Reino de España. Además del citado colegio, la justicia británica también ha autorizado el embargo cautelar de la indemnización por la catástrofe del Prestige, un derecho de cobro valorado en más de 900 millones de euros.

El Instituto Vicente Cañada Blanch está situado en el barrio de Kensington, en Londres, y tiene capacidad para 550 alumnos. Los estudiantes siguen el plan de estudios español desde Primaria hasta Bachillerato.

Otros procesos

Otro tribunal británico ya había autorizado de forma cautelar de la sede londinense del Instituto Cervantes, así como el edificio de acción exterior de la Generalitat, una de las llamadas 'embajadas catalanas'. En Australia, el Supremo del país emitió una sentencia que abre la puerta a medidas similares y se espera que pronto se anuncien nuevos embargos que afectarán bienes españoles en el país.

Se trata de una estrategia de embargo de bienes que continuará hasta que España no cumple con el pago de los más de 1.200 millones de euros que debe a empresas e inversores por el asunto de las renovables, así como los sobrecostes generados por los intereses de demora y costas, unos 250 millones más.

Ya en abril, el fondo Blasket –titular del caso Infrared– declaró en default técnico cuatro bonos de deuda soberana española valorados en 1.000 millones de euros. Desde entonces, la financiación del Tesoro se ha encarecido un 15 % en los dos meses transcurridos desde entonces.