España, segundo país del mundo por detrás de Venezuela en laudos impagados

España está cultivando, con razón, fama de morosa a nivel internacional. Es el segundo país del mundo, por detrás de Venezuela con mayor número de resoluciones de arbitraje internacionales por pagar. A cierre de 2021, nuestro país tenía pendiente de liquidación ocho laudos por valor de 700 millones de dólares.

La primera edición del Informe sobre cumplimiento del arbitraje, tratados de inversión y laudos, elaborado por el experto en derecho internacional Nikos Lavranos, ha recopilado toda la información disponible sobre arbitrajes ISDS, mecanismo la resolución de diferencias entre inversores y estados.

A 31 de diciembre de 2021, el total de casos ascendía a 1.190, de los cuales 807 habían sido concluidos, 370 están pendientes y 13 en estado desconocido.

España tenía, hasta la fecha, 55 reclamaciones de inversores por daños y perjuicios por valor de 9.500 millones dólares, de las cuales 35 estaban pendientes de resolución, cuatro en contra y siete a favor. A estos laudos hay que sumar la reclamación presentada por WOC Photovoltaik en el año 2022.

Pero lo más sorprendente es que solo ha pagado uno y tiene pendiente la liquidación de otros ocho por valor de 700 millones de euros. De hecho, el último que pagó fue el laudo Maffezini emitido en el año 2000.

El 90 % de los casos son relativos a renovables por el Tratado de la Carta de la Energía, una reminiscencia de la Guerra Fría de la que España –junto a seis países más de la UE– ha anunciado su retirada.

Este informe destaca también el alto número de estados de la UE presentes en el top 30 de países con mayor cantidad de laudos recibidos, «en particular España, República Checa, Polonia, Rumanía, Hungría, Croacia, Eslovaquia, Italia y Bulgaria».

«Mientras que muchos estados miembros de la UE acaban pagando o liquidando los laudos ISDS emitidos en su contra, España destaca por negarse sistemáticamente. Los demandados –algunos de manera contraria a lo que dicta la intuición– han cumplido con sus obligaciones de derecho internacional y han pagado los laudos en su contra», añade el informe.

Así, denuncia que la tendencia generalizada de los estados miembros es negarse a pagar alegando que los propios organismos de la UE lo prohíben. «En la misma línea», destaca Lavranos, «la Comisión está interviniendo como amicus curiae para impedir el reconocimiento y ejecución de los laudos, evitando el cumplimiento de las leyes derivadas de los tratados internacionales».