La Unión Europea perdió 5.000 millones de euros de su presupuesto de 2022 por malversación

La Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) y la recién establecida Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) se encuentran en el centro de un debate sobre la eficacia de los mecanismos de la Unión Europea para combatir el fraude.

Según estimaciones de la EPPO, el daño total al presupuesto de Europa en 2022 debido al mal uso de los fondos de la UE fue de 5.000 millones de euros, una cifra considerablemente mayor que los 300 millones de euros reportados a la Comisión por los países de la UE.

Laura Codrua Kövesi, jefa de la EPPO, señaló que «antes de la creación de la EPPO, la Comisión ignoraba más del 90 por ciento de las sospechas de fraude que afectaban a los intereses financieros de la UE y que estaban siendo investigadas por los servicios nacionales de fiscalización».

Esta revelación pone en evidencia las limitaciones de las capacidades de monitoreo de la Comisión Europea y suscita preocupaciones sobre la verdadera magnitud del fraude dentro de los intereses financieros de la UE.

Un informe publicado esta mañana por Follow the Money es altamente crítico con OLAF, el organismo de control antifraude de la UE, al cual se describe como una entidad que «ni ladra ni muerde».

A diferencia de la EPPO, que puede procesar delitos directamente ante los tribunales nacionales, OLAF solo hace recomendaciones a los países de la UE. Para ilustrar la comparación, mientras que la EPPO abrió 865 investigaciones sobre fraude con fondos de la UE en 2022, OLAF solo abrió 192.

El informe sobre OLAF destaca una subestimación extensiva del fraude, criticando la eficiencia operativa de la oficina y su falta de independencia, dado que es parte de la Comisión que debe supervisar. El papel de OLAF se limita a investigar y recomendar acciones sobre casos de fraude a los estados miembros de la UE, lo que rara vez resulta en acciones legales.

La creación de la EPPO buscó abordar las deficiencias de OLAF proporcionando un cuerpo fiscal independiente con autoridad para tomar acciones legales directamente en los tribunales nacionales. Sin embargo, existe una lucha por la autoridad y jurisdicción entre OLAF y la EPPO, lo que obstaculiza la relación cooperativa necesaria para combatir eficazmente el fraude contra los fondos de la UE.

La EPPO ha demostrado un enfoque robusto en su primer año, iniciando un gran número de investigaciones y superando con creces el nivel de actividad de OLAF. Esto ha sido visto como un comienzo fuerte para el nuevo organismo en la lucha contra el mal uso de los fondos de la UE.

Pero la insatisfacción pública con las medidas de prevención de fraude de la UE es notable, y los hallazgos de la EPPO han llevado al escepticismo sobre la efectividad del trabajo de OLAF y la integridad de sus resultados reportados. Además, se han destacado casos en los que las investigaciones de OLAF, a pesar de ser exhaustivas, no condujeron a procesamientos o condenas, lo que sugiere un problema sistémico en el seguimiento legal del trabajo de OLAF.