Standard & Poor's alerta de que condonar la deuda a Cataluña tendría un efecto perverso

La agencia de calificación de riesgos estadounidense Standard & Poor's (S&P)ha publicado un informe en el que resalta la poca conveniencia de perdonar la deuda a Cataluña, como prevé hacer Pedro Sánchez. En su estudio titulado Spanish Regions May Receive Debt Relief From State (Las comunidades españolas podrían recibir una quita de la deuda del Estado, en español) señala que la quita prevista del 20 % podría causar un efecto perverso al desincentivar que en la región se tomen medidas que reduzcan su deuda, y señalan que solo sería un parche si a la vez no se reforma en profundidad el sistema autonómico.

«Si no hay una reforma estructural del sistema de financiación autonómica, quitar la deuda solo puede mejorar temporalmente la situación de las comunidades, pero no evitará nuevos déficits», indican en el informe. De hecho, señalan que este tipo de medidas no garantiza que una comunidad tan endeudada como Cataluña vuelva automáticamente al mercado y mejoren así sus posibilidades de financiación. Además «puede generarse un riesgo moral» que intranquilice a quienes prestan el dinero, ya que pueden pensar que disminuyen «los incentivos que las autonomías tienen para vigilar el crecimiento de la deuda», y que pueden tomarse «medidas similares en el futuro».

Cataluña ha sido la comunidad que más se ha beneficiado de la aplicación de los mecanismos extraordinarios de liquidez. El Gobierno de Rajoy diseñó estos mecanismos en plena crisis financiera para que las comunidades con más dificultades pudieran financiarse en los mercados a un coste que no fuera excesivo.

Entre estos fondos se incluye el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) y el de Facilidad Financiera (FFF). Más del 80 % de la deuda que acumula Cataluña (73.110 millones de los 86.800 millones que suma) está en manos del Estado. El 20 % que se propone perdonarle responde al pasivo generado por el «impacto negativo del ciclo económico», y equivale a 15.000 millones de euros. También generaría un ahorro adicional de alrededor de 1.300 millones en intereses.

El Estado posee casi el 60 % de la deuda autonómica. S&P remarca en su informe que si la deuda de las comunidades se traspasara a la Administración Central no empeoraría la calificación crediticia de España, que en la actualidad es de A/Estable/A-1, que es de grado medio superior, a corto y largo plazo.