La calidad de la deuda de Cataluña

La crisis financiera de 2008 puso sobre la mesa de debilidades del sistema financiero internacional una amplia panoplia de defectos. No pocos se han resuelto como demuestra la rápida solución a la crisis creada hace más de un año por el Silycon Valley Bank. Se actuó de manera rápida y coordinada sin que hubiese apenas margen para la especulación sobre un posible pánico bancario.

Otros problemas aún están por resolver. De entre ellos sobresale el que las mismas tres agencias de calificación del riesgo de las inversiones financieras siguen siendo las mismas antes y después no sólo de la crisis, sino de que se pusiera muy en solfa su actuación. Estas tres agencias son Moody’s, Standard and Poors y Fitch. A la espera de mejor solución siguen siendo ellas las que etiquetan el riesgo de, por ejemplo, la deuda pública que emiten para financiarse los estados y las administraciones subcentrales. En definitiva, son las que ponen nota o califican el nivel de riesgo de prestar dinero a las diecisiete autonomías españolas.

Durante la crisis financiera ninguna Comunidad Autónoma fue capaz de captar dinero procedente de los ahorradores del mundo para financiar sus desequilibrios presupuestarios. Tuvo que ser el estado español quien consiguiese ese dinero respondiendo con la soberanía de todos sus bienes por mucho que el Banco Central Europeo (BCE) lo facilitase con las medidas de política monetaria expansiva. Principalmente a través del programa APP del BCE que garantizaba la compra de toda la deuda emitida.

Tuvieron que pasar muchos años para que algunas comunidades autónomas lograsen equilibrar sus cuentas hasta el punto de lograr una calificación de riesgo suficientemente tranquilizadora para que los ahorradores estuviesen dispuestos a comprar sus títulos de deuda. Con todo, el Estado español sigue siendo el gran deudor porque es la administración que mejores condiciones de financiación lograba.

La deuda pública española roza los 2 billones de euros y no los 1,5 como rezan las cuentas que maneja la Comisión Europea

Bien contada, la deuda pública española roza los 2 billones de euros y no los 1,5 como rezan las cuentas que maneja la Comisión Europea en su denominado protocolo de déficit excesivo. La diferencia entre una y otra cifra está en la ingeniería contable de no computar como deuda la que está respaldada por activos financieros específicos que tuvo que señalar el Gobierno.

Pero bajemos al riesgo con el que se califican las deudas autonómicas habida cuenta de la penúltima extorsión del secesionismo catalán en las negociaciones con el candidato a presidente, Pedro Sánchez.

Cataluña sólo califica en dos de las tres agencias de riesgo; específicamente no tiene calificación otorgada por Standard and Poor. En la calificación que otorga la agencia Ficth es la que peor nota recibe; una BB que indica un elevado riesgo de incumplimiento en relación a otros emisores en el mismo país.

En la calificación de Moody's para Cataluña se consideran elementos especulativos con una calidad cuestionable

La posición no es mejor cuando se tiene en cuenta la nota que recibe de la agencia Moody’s; una Ba1. Los tres niveles que entran en la calificación Ba (Ba1, Ba2, Ba3) se consideran elementos especulativos con una calidad de crédito cuestionable. Esta calificación se asigna a aquellos títulos que contienen elementos especulativos y su futuro no es seguro. En definitiva, el pago de intereses y capital está muy ligeramente protegidos, se caracterizan por su situación de incertidumbre. En este caso, la situación de elevada incertidumbre de Cataluña es compartida por Valencia, Murcia y la Castilla-La Mancha.

Técnicamente, una quita de la deuda cuyo origen se remonta al Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) significa que el estado pasa a contabilizar como propia deuda por la que tenían que responder las Comunidades Autónomas. No se trata sólo de una exhibición más de la extorsión secesionista sino de un diferente trato al que se le otorgó a los ayuntamientos de toda España; muchos de ellos literalmente con sus cuentas intervenidas para evitar cualquier desequilibrio financiero. En el día de hoy son las administraciones territoriales más saneadas.

De momento España conserva su reputación internacional de pagador fiable. Cuenta con la ayuda del Banco Central Europeo pero éste ya dejó de actuar como el «primo de zumosol» desde marzo de este año. Durante los durísimos momentos de la pandemia se alzaron voces muy corales acerca de la necesidad de revisar el sistema de organización territorial y, consecuentemente, de sus finanzas. Hoy invocar una racionalización del mismo se ha convertido o en anatema o en una pista más del gran circo de la extorsión secesionista. Hay que ser valiente; ni debe ser un anatema ni una pista de circo.

• José Manuel Cansino es catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Sevilla, profesor de San Telmo Business School y académico de la Universidad Autónoma de Chile / @jmcansino