La hiperbólica relación entre sostenibilidad y rentabilidad

No hay listas negras de proyectos que, por sus elevadas emisiones contaminantes, estén fuera de la disposición a financiarlos por los bancos. Lo que sí hay es una fuerte, generalizada y dilatada campaña de marketing que pone la etiqueta de sostenible a casi todo lo que reúna a unos cuantos tópicos de lugares comunes. Con frecuencia esos tópicos –en sentido no peyorativo– son los ESG –Environmental, Social and Governance–. Criterios que se dicen aplicar en la gestión de activos y estrategia empresarial. Cuando uno indaga en los detalles la realidad es muy diferente hasta el punto de que son muy escasas las empresas dispuestas a certificar la huella de carbono de sus productos; la E del acrónimo ESG.

Efectivamente, la manera más solvente de garantizar que la huella de carbono de un producto está bien calculada es hacerlo mediante la aplicación de métodos estandarizados y luego certificados por auditoras oportunamente acreditadas. La apuesta más ambiciosa es tener la certificación ISO 14064-3; precisamente es la que permite no sólo un cálculo riguroso sino la verificación del mismo por las autoridades competentes.

Sin embargo, incluso la contratación por una empresa de una auditoría para saber si puede certificarse con la ISO 14064-3 no garantiza que exista un compromiso medioambiental fuerte. Algunos ejemplos nos deberían hacer reflexionar. Pongamos el foco en un caso concreto.

Como es sabido, alcanzar la neutralidad en emisiones en el año 2050 para una empresa no supone dejar de emitir un sólo gramo de CO2. En muchos casos los procesos productivos lo hacen inviable. La neutralidad exige que la empresa financie proyectos capaces de capturar un volumen de emisiones de CO2 equivalente al que sus propias plantas industriales emiten a la atmósfera. Esa neutralidad también necesita estar certificada por auditoras independientes.

El grupo Repsol publicaba hace tan sólo unos meses la certificación ISO 14064-3 de la cantidad de CO2 que había logrado capturar en todo el mundo para 2021 a través de proyectos «verdes» que financiaba. La cantidad resultó ser de 6.613 toneladas. Sólo para su planta refinera ubicada en Puertollano (Ciudad Real) y para 2020, las toneladas de CO2 que tenía permitido emitir sin coste alguno fueron de 1.151.421.

El acceso a las finanzas en mejores condiciones por parte de las empresas más sostenibles resulta también discutible. Hoy día siguen prevaleciendo los tradicionales criterios de solvencia y riesgo pese a que la publicidad de las corporaciones financieras e industriales induzca a pensar otra cosa. Un ejemplo de información imprecisa es la que se deriva de lo publicado sobre la cuantía de proyectos financiados con los denominados bonos verdes. Usemos otro ejemplo.

Forbes ha publicado que la financiación «verde» alcanzó para España en 2022 los 60.134 millones de euros (M€) para luego añadir que de esa cuantía la correspondiente a bonos era de 16.552 M€. Sin embargo, inmediatamente añade que en 2022 no se registraron emisiones de bonos SLB en España. Los Bonos Vinculados a la Sostenibilidad (SLB por sus siglas en inglés) son bonos convencionales con la particularidad de que vinculan las características financieras y/o estructurales del instrumento financiero al cumplimiento, o no, de determinados objetivos de sostenibilidad previamente definidos.

De lo anterior se desprende algo marcadamente diferente a que se financiaron proyectos nuevos por valor de 60.134 M€ pues al menos habría que descontar los 16.552 M€ correspondientes a años anteriores pero aún «vivos», es decir, no amortizados. Aún así hay que poner en contexto estas cifras para saber si manejamos magnitudes alejadas o próximas a las que las autoridades responsables de la transición energética prevén.

Para responder a lo anterior nada mejor que tomar como referencia lo previsto en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030. Los volúmenes de inversión manejados eran de 247.006 M€ sólo para alcanzar en 2030 los objetivos para la mejora de la eficiencia energética y las energías renovables. Tengamos en cuenta que la Unión Europea dio una posterior vuelta de tuerca a esta ambiciosa hoja de ruta.

En definitiva, hay un exceso de marketing en la información sobre las rentabilidades de proyectos de inversión de este tipo que debe llevarnos a ser prudentes a la hora de participar en ellos sin conocer los detalles. A veces, incluso hemos de pedir que se nos trate con una menor condescendencia. Baste para justificar esto último tener en cuenta que la entrada en vigor de la conocida como Green MiFID que obliga a las entidades a preguntar en los test de idoneidad que realizan a sus clientes sobre sus preferencias de sostenibilidad al final se limita a incluir una pregunta en el largo cuestionario de cultura financiera que se nos hace cumplimentar cuando adquirimos un producto financiero.

• José Manuel Cansino es catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Sevilla, profesor de San Telmo Business School y académico de la Universidad Autónoma de Chile / @jmcansino