Carles Puigdemont hs celebrado un acuerdo impensable hace unos meses con el PSOE
Los inspectores de Hacienda ven inconstitucional la cesión de tributos a Cataluña: «Habrá españoles de segunda»
IHE muestra un «rechazo total y absoluto» al acuerdo de PSOE y Junts y la CEOE convoca un Comité Ejecutivo extraordinario de urgencia
Un rechazo «frontal y absoluto». La Asociación Profesional del Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) considera que el acuerdo de PSOE y Junts para hacer presidente a Pedro Sánchez es inconstitucional y abre la puerta que haya comunidades autónomas de primera y de segunda.
En un duro comunicado, IHE considera que el acuerdo conocido este jueves «vislumbra de manera clara y evidente la ruptura del régimen constitucional actual en varias materias». En concreto, se refieren a la cesión del 100 % de los tributos que se pagan en Cataluña y a la revisión del marco de financiación de la comunidad autónoma.
«La exigencia de la cesión del rendimiento podría implicar la cesión de todas las competencias, incluidas las que hoy ejerce la AEAT en Cataluña, por lo que nuestro colectivo se vería grave y directamente afectado, como lo estarán otros colectivos pertenecientes a la Administración General del Estado (AGE)», aseguran.
Preocupación» empresarial
De forma paralela, la CEOE ha convocado de urgencia para el próximo lunes un Comité Ejecutivo extraordinario «en el que se abordará la situación de España» tras el acuerdo, «ante la grave preocupación existente en el mundo empresarial», explicaba la patronal empresarial en un comunicado.
Los inspectores de Hacienda ya advirtieron en su reciente congreso de que estaba sobre la mesa la ruptura de la Agencia Tributaria para satisfacer a Junts. Ahora, una vez consumado el pacto con los de Puigdemont, constatan que permite la existencia «por la vía de hecho, de comunidades autónomas de primera y comunidades de segunda». Además, advierten de la «vulneración» de la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos, consagrada en el artículo 9 de la Carta Magna».
Todo ello, dicen desde IHE, «como contrapartida a los votos que determinadas formaciones políticas le otorgarían al candidato con la finalidad de ser investido como presidente del Gobierno por lo que conllevan, implicitamente, el abuso de poder y de las instituciones del Estado». La conclusión de los inspectores fiscales es que deriva en «un trato de favor, sin ningún amparo legal, hacia una parte de los españoles que residen en un territorio de la Nación».
