Un gobierno hipotecado con el nacionalismo, con la antipatía de las empresas y sin barra libre para gastar

El nuevo Gobierno nace con grandes hipotecas. Los acuerdos de Pedro Sánchez para liderar un nuevo Ejecutivo le emplazan a abordar cesiones de primer nivel al nacionalismo, en aspectos como la deuda, la Seguridad Social o las infraestructuras, con un coste superior a los 1.000 euros por habitante. Todo ello con un horizonte de enfriamiento económico marcado por el inminente retorno de las reglas fiscales europeas.

Bruselas acaba de hecho de revisar a la baja el crecimiento en España y en el conjunto de la Unión Europea. La UE y la eurozona solo aumentarán su PIB un 0,6 % este año, dos décimas menos de lo pronosticado antes del verano, y los Veintisiete crecerán un 1,2 % el año que viene. España estará entre los países con mayor impulso el año próximo, pero su previsión también se ha recortado, hasta el 1,7 %, frente al 1,9 % previsto en septiembre.

El bloque comunitario encara además en las próximas semanas el aterrizaje de la vuelta de las reglas fiscales, suspendidas por la pandemia, que obligarán a un mayor control del gasto. No habrá, por tanto, barra libre y el próximo Gobierno deberá embridar el déficit, como reclama el Banco de España o la OCDE. Una recomendación que choca frontalmente con la prometida rebaja del IVA de los alimentos hasta junio de 2024 y la ampliación del transporte gratis a jóvenes y parados.

Impuestos y financiación autonómica

«Lo primero que pediremos al PSOE es un referéndum y recaudar el 100% de los impuestos». Así se pronunciaba la portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, pocos minutos después de que su partido votara a favor de la investidura de Pedro Sánchez. Una referencia a uno de los puntos clave del acuerdo entre ambas formaciones, que contempla abordar la cesión tributaria ante un mediador internacional «en la primera reunión de negociación a celebrar este mes de noviembre».

Para ello, Junts exige una reforma de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA) que establezca «una cláusula de excepción de Cataluña (…) que facilite la cesión del 100 % de todos los tributos». Una medida de tal calado que, según los expertos consultados por El Debate, dinamitaría la solidaridad entre regiones. «Un traje a medida de Cataluña no sería sólo tal sino el estallido del sistema fiscal de España entera», en palabras de Ferran Brunet, profesor de Economía Aplicada en la Universidad Autónoma de Barcelona.

Un traje a medida de Cataluña no sería sólo tal sino el estallido del sistema fiscal de España entera

En el documento el PSOE se compromete por su parte a «apostar por medidas que permitan la autonomía financiera y el acceso al mercado de Cataluña, así como un diálogo singular sobre el impacto del actual modelo de financiación». Puerta abierta, por tanto, a una reforma de la financiación autonómica que el propio Sánchez mencionó, si bien de pasada, en su discurso de investidura.

Deuda y seguridad social

En otro de sus pactos, este con ERC, el PSOE se comprometía a condonar 15.000 millones de deuda a Cataluña, el 20 % de todo lo que debe al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA). La comunidad es, con amplia diferencia, la más endeudada por el Estado: debe 73.110 millones, frente a los 48.344 de la segunda más endeudada, la Comunidad Valenciana. Una condonación de la que han alertado, entre otros, las agencias de calificación crediticia Moodys y S&P, que la consideran «negativa para el crédito de España». Ambas destacan también el «riesgo moral» de la decisión, que «potencialmente desincentivará la política fiscal prudente a nivel regional», según comunicaba la primera de ellas el pasado viernes. Extender dicha condonación al resto de comunidades autónomas implicará un agujero de 45.000 millones.

Las agencias de calificación advierten del riesgo «político» y «moral» de los pactos de investidura

El acuerdo con el PNV contempla además traspasar el régimen económico de la seguridad social antes de dos años. Una transferencia que María Jesús Montero calificaba de «difícil» tan solo unas pocas horas después de que su secretario general rubricara el pacto con Andoni Ortúzar.

Cercanías y reparto ferroviario

ERC también arrancó a Sánchez la ansiada transferencia de las Cercanías catalanas. La gestión de las Rodalies era una de las metas más ansiadas por el independentismo, que ejemplifica en sus continuos retrasos y falta de mantenimiento (cosa que sucede con la red en otras regiones, como Madrid) la supuesta mala gestión del Estado.

Un traspaso que, sin embargo, ha chocado con los sindicatos, que rechazan depender de Renfe y de Adif hasta el punto de haber convocado cinco jornadas de huelga. «No sabemos cómo se va a materializar el traspaso», aseguraba a El Debate Diego Martín, secretario general del sindicato de maquinistas Semaf, que avisaba del riesgo de perder fondos europeos.

Los sindicatos temen la partición de las grandes compañía estatales en 'mini Renfes' autonómicas

La gestión ferroviaria será, o más bien su reparto autonómico, será por tanto otro de los grandes retos del próximo Ejecutivo. Y es que el pacto con el PNV obliga a Sánchez a abordar en el plazo de tres meses el traspaso de las competencias ferroviarias. Los sindicatos, de hecho, temen la partición de las empresas estatales en «'mini Renfes'» autonómicas.

Mientras, el presidente de Renfe, Raül Blanco, se ha comprometido también a privatizar Mercancías, lo que no ha hecho sino incrementar el enfado de los sindicatos. Todo ello mientras se agravan los fallos en la alta velocidad, el sistema por el que el nuevo Ejecutivo apostará para los viajes internos en detrimento del avión, según otro de los compromisos firmados con Sumar.

Más impuestos

La evolución de la presión fiscal ha crecido 14,5 veces más en España que en la Unión Europea desde 2019, tras crecer en 2,9 puntos, según Fedea. Y subirá en otros tres puntos en los próximos cuatro años, según se desprende del acuerdo de gobierno con Sumar, para alcanzar la convergencia con Europa. «Impulsaremos una reforma global del sistema fiscal español para mejorar su progresividad y acortar la brecha de ingresos sobre el PIB respecto a la media europea (46% del PIB) al final de la legislatura. Dicha reforma estará orientada a lograr que contribuyan más quienes hoy se esfuerzan menos (grandes empresas y patrimonios y rentas del capital, principalmente) y quienes incumplen con sus obligaciones tributarias», avisaban ambas formaciones.

La evolución de la presión fiscal ha crecido 14,5 veces más en España que en la UE desde 2019

Otro de los puntos del pacto entre Sánchez y Díaz contempla revisar los impuestos temporales sobre la banca y las energéticas para hacerlos permanentes más allá de su período inicial de vigencia, de dos años. Un aspecto que despertó una catarata de críticas de las principales entidades bancarias, entre ellas Bankinter, Santander, BBVA o CaixaBank, y de compañías como Repsol, que incluso ha congelado inversiones en España.

Las empresas afrontarán otro gran hachazo fiscal por parte del nuevo Ejecutivo. Y es que el impuesto de Sociedades se reformará para gravar no la base imponible, como hasta ahora, sino los ingresos, lo que disparará su recaudación en 10.000 millones: un tercio de lo que se ingresa actualmente. Un incremento más que considerable que, según los expertos, aboca a la deslocalización de empresas, siguiendo la estela de Ferrovial, que mudó su sede a los Países Bajos.

Relación con los empresarios

Los empresarios han pasado de puntillas por la amnistía (solo un gran empresario, el presidente de Mapfre, Antonio Huertas, se ha posicionado abiertamente en contra), centrándose en las cesiones económicas a los nacionalismos periféricos. Ahora bien, el malestar empresarial con el Gobierno es patente, como quedó demostrado el jueves con los abucheos al secretario de Estado de Transportes, David Lucas, durante un foro empresarial, tras anunciar este que Sánchez había logrado obtener el respaldo del Congreso a su investidura. «Si lo de España pasara en Portugal, ralentizaríamos inversiones», reconocía Juan Roig, presidente de Mercadona, habitualmente alérgico a hablar de política.

«Si lo de España pasara en Portugal, ralentizaríamos inversiones», según Juan Roig (Mercadona)

Más contundentes han sido las patronales. CEOE, por ejemplo, alertaba del «grave menoscabo que estos acuerdos pueden suponer a la separación de poderes y a la seguridad jurídica, fundamento de nuestra democracia, y de la fragmentación y el debilitamiento institucional al que estamos asistiendo»; mientras la madrileña CEIM consideraba que los acuerdos para formar Gobierno «incidirán negativamente en España».

Una distancia sideral respecto a la catalana Foment del Treball, que valoraba positivamente «cualquier acuerdo que promueva facilitar el retorno de las empresas a Cataluña», en referencia a otro de los puntos del pacto con Junts: abordar a lo largo de la legislatura «los elementos esenciales de un plan para facilitar y promover el regreso de la sede social de las empresas que cambiaron su ubicación» a raíz del proceso separatista.

Industria y SEPI

En el plano empresarial, la legislatura apunta a un mayor intervencionismo del Ejecutivo. Algo para lo que se perfila la Sociedad Española de Participaciones Industriales. Su entrada en el accionariado de Telefónica está en el aire, toda vez que está pendiente aún de que se clarifique si la participación de la saudí STC se quedará en el 4,9 % o llegará a rozar el 10 %.

«La SEPI no puede seguir dependiendo de l Ministerio de Hacienda», según Yolanda Díaz

Mientras tanto, Yolanda Díaz ya abrió el jueves en el Congreso la batalla por su control: «No pueden seguir dependiendo del Ministerio de Hacienda porque supone no poder practicar una política industrial firme», aseguraba. Y reclamaba al PSOE un mayor intervencionismo: «Nosotros no compartimos con ustedes, señorías del PSOE, que para emprender, para desarrollar la industria, nos limitemos sólo a la financiación convencional».

Vivienda y jornada laboral

La reducción a 37,5 horas de la jornada laboral es otro de los compromisos de PSOE y Sumar, junto con la vivienda, mencionada nada menos que 27 veces en su pacto de Gobierno. Ambos prometen «una política activa» en esta materia, «monitorizando» la ley de vivienda y la evolución el mercado.

Asimismo, se revisará la regulación de los alojamientos turísticos en zonas tensionadas y se ampliará el umbral de renta media hasta 37.800 euros el umbral para beneficiarse de la congelación de cuota durante un año y la ampliación de crédito a siete años, entre otras medidas.

Todo ello en un panorama de crecientes dificultades para el alquiler y la compraventa (las operaciones se han reducido un 23,7 % en septiembre, en parte por el «efecto escalón» comparativo) entre críticas del sector a los efectos de la ley de vivienda. «Ha agravado la inseguridad del propietario. Hay miedo a alquilar y sobre todo a los impagos», apunta a El Debate Miguel Ángel Gómez Huecas, presidente de la patronal inmobiliaria FADEI.