Un informe de Bruselas desarma el argumento del Gobierno para mantener el impuesto a las energéticas

Los beneficios extraordinarios que motivaron el impuesto especial a las empresas energéticas se están esfumando. Así lo asegura un informe de evaluación de la Comisión Europea centrado en gasistas y petroleras, que constata que los conocidos como windfall profit «se han moderado en comparación con las condiciones extraordinarias del año anterior».

El documento, elaborado en base a la información remitida por los propios Estados miembros, pone de manifiesto que la situación en los mercados energéticos «es muy diferente de lo que era cuando el Reglamento del Consejo entró en vigor en octubre de 2022». El motivo: «La disminución de los precios de la energía a lo largo de 2023 y un entorno económico más incierto ha llevado a las empresas de los sectores del petróleo, el gas y el carbón a ver una disminución de sus beneficios en comparación con los excedentes extraordinarios de 2022».

El informe llega apenas dos semanas después de que Pedro Sánchez y Yolanda Díaz acordaran «readaptar y mantener» el tributo en su pacto de Gobierno, al igual que el impuesto similar aprobado para las entidades financieras. Una promesa que fue rápidamente contestada por el sector energético.

Este jueves el presidente de Repsol, Antonio Brufau, insistía que en que la empresa desinvertirá en España si el tributo se prorroga. «Si en España se tiene un impuesto que no tienen los franceses o los portugueses» para producir hidrógeno, pues seguramente la decisión de la empresa será la de «irse a Portugal o a Francia», afirmó. «No se están produciendo beneficios extraordinarios», había asegurado previamente el CEO de Endesa, José Bogas, que avisó de que el tributo «sitúa a las empresas españolas en desventaja competitiva».

Si España tiene un impuesto que no tienen Portugal o Francia, nos iremos a Portugal o Francia

Fue la propia Comisión la que, en octubre de 2022 y ante el impacto de la guerra en Ucrania aprobó una regulación de emergencia en la que proponía medidas «excepcionales, motivadas y de naturaleza temporal para redistribuir los altos beneficios de ciertos actores del sector energético», incluyendo «una contribución solidaria obligatoria» en los beneficios de 2022 y 2023.

Según Hacienda, el impuesto ha permitido recaudar hasta el momento 1644 millones de euros. Según la Comisión Europea, la afectación sobre las empresas petrolíferas y gasistas asciende a 1089 millones de euros.

El tributo, recurrido ante los tribunales, fue aprobado en noviembre del año pasado, y entró en vigor en enero para un período de dos años, afectando ya a las cuentas de 2022. Grava a las compañías energéticas cuya facturación excediera los mil millones de euros en 2017, 2018 y 2019 aplicando un tipo del 1,2 %. Como consecuencia de su aplicación Cepsa entró en pérdidas de 116 millones hasta septiembre, tras pagar 323 millones. Repsol, por su parte, ha desembolsado 450, Naturgy y Endesa unos 300 e Iberdrola, 200.

A principios de mes, la vicepresidenta primera y ministra, entonces en funciones, de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, insistía en que el tributo «es justo ante los titulares que hablan de beneficios extraordinarios y la lluvia de dividendos». Esta semana, sin embargo, otra vicepresidenta, en esta ocasión Teresa Ribera, se abría a estudiar «si existen esos beneficios extraordinarios». «Hay que ver si existen estos beneficios extraordinarios, de qué manera se concentra la figura fiscal (en ellos) y de qué manera se incentiva reinvertir», aseguraba en una entrevista.