Montero niega trato de favor a Cataluña e intenta comprar a las autonomías con financiación récord

La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, ha reiterado que la deuda se condonará a todas las comunidades autónomas sujetas al Régimen Común como se hará con Cataluña, aunque afirma que de momento no ha habido ninguna negociación bilateral con la región de Puigdemont, «al menos con el Ministerio de Hacienda».

El bochorno le puede, seguramente, a Montero, que ve cómo las comunidades autónomas en las que gobierna el PP le han echado en cara que el perdón de la deuda a Cataluña no estuviera en el orden del día para poder debatirlo en a reunión que mantuvieron en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPPF), y que la consejera de la región de Puigdemont no estuviera en la reunión. La chulería con la que esta última hablaba de sus relaciones bilaterales con el Estado contrasta con las afirmaciones de la ministra, que afirma no saber a qué relaciones bilaterales se refiere la consejera.

El hecho es que el Gobierno trata de resolver la cuestión como hace siempre en todos los frentes: regando de dinero a los afectados para que se callen. Las comunidades autónomas recibirán una financiación récord de 154.467 millones en 2024. La cifra es un 14,9 % superior a la de 2023.

El caramelo trata de facilitar que las comunidades aprueben la nueva senda de déficit que propone Montero (0,1 % de déficit sobre el PIB en el caso de las comunidades autónomas, y 0,2 % de superávit en las corporaciones locales), y que así ella pueda aprobar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) en el primer trimestre del año que viene. Si no lo hacen, les advierte de que les irá peor.

Las catorce comunidades en cuyo gobierno participa el PP han votado en contra de estos objetivos de estabilidad. Montero afirmó que puede ser un anticipo de lo que ocurra en el Senado, algo que asegura que no entendería. Montero ha explicado que cuenta con un informe jurídico de la Abogacía del Estado que avala que si la senda de déficit no es aprobada por ambas cámaras legislativas (como establece la ley de estabilidad presupuestaria), los objetivos de déficit vigentes serán los comunicados a Bruselas en el programa de estabilidad 2023-2026 de abril.

De esta forma, las comunidades autónomas tendrían que reajustar sus cuentas para 2024 al equilibrio presupuestario (déficit cero) incluido en dicho programa, en lugar de al déficit del 0,1 % del PIB que se les ha comunicado este lunes en el Consejo de Política Fiscal y Financiera.

De la misma manera, las corporaciones locales tendrían que llegar a un superávit del 0,2 % del PIB, en lugar de al equilibrio presupuestario que se les ha comunicado en la reunión de la Comisión Nacional de la Administración Local (CNAL).

Y ahora, el techo de gasto

El Consejo de Ministros aprobará mañana el límite de gasto no financiero de 2024, conocido como techo de gasto, y los objetivos de estabilidad presupuestaria. Dará así el pistoletazo de salida a la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) del próximo año.

Junto con el techo de gasto, el Gobierno aprobará los objetivos de estabilidad presupuestaria para los años 2024, 2025 y 2026. Este plan de reequilibrio acompañará al dossier que se entrega en el Congreso de los Diputados.

El Gobierno en funciones remitió en octubre el plan presupuestario de 2024 a Bruselas. Incluía una previsión del déficit en el entorno del 3 % para el año próximo y una ratio de deuda pública por debajo del 110 % del PIB ya para 2023. Montero afirmó ayer sin dudarlo que se cumpliría el objetivo de déficit del 3 %.

El papel del Senado en su aprobación

Según la Ley de Estabilidad Presupuestaria, el Gobierno debe aprobar en Consejo de Ministros el límite de gasto no financiero -techo de gasto- y los objetivos de estabilidad presupuestaria, previo informe del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), antes que el proyecto de las cuentas públicas, para después remitir todo a las Cortes.

Las Cortes Generales se pronunciarán aprobando o rechazando los objetivos de estabilidad propuestos por el Gobierno. En esta ocasión deberán estar alineados con las normas fiscales europeas, que han estado años suspendidas por la pandemia.

En esta ocasión existe la incertidumbre de qué pasará en el Senado. El PP tiene mayoría absoluta en la Cámara Alta y podría rechazar los objetivos de déficit y deuda que acompañan al techo de gasto.

El Gobierno insiste en que cuenta con seguridad jurídica para poder redactar las cuentas públicas incluso si el Senado tumba la senda de estabilidad. El objetivo del Gobierno es que las cuentas públicas de 2024 vean la luz de forma definitiva en el primer trimestre del próximo año.