La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, junto al secretario general de UGT, Pepe Álvarez
El Gobierno se cierra en banda a aplicar en sus contratos la subida del salario mínimo que exige a los empresarios
La subida del SMI encalla por la negativa del Gobierno a trasladarla a los contratos públicos
El acuerdo para la nueva subida del salario mínimo no termina de despegar. Y por un motivo en concreto: la indexación del nuevo alza a los contratos de las administraciones públicas. El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha dicho que le parece «de lo más razonable», pero la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, le ha respondido diciendo que no le parece «lógico».
Se produce así un nuevo choque de trenes que hace encallar la subida del SMI que quiere impulsar la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. En esta ocasión no puede decir que el freno sean los empresarios, sino una ministra de su propio Gobierno.
«Se quiere despistar con la cifra, pero lo importante es qué pasa con todas las pequeñas empresas, que son muchísimas, que tienen enganchados sus contratos a la Administración Pública. Te obligan a subir salarios, pero la Administración no cumple para compensarlo», indica Garamendi.
El presidente de los empresarios estima que esta situación es «de una injusticia tremenda», ya que miles de autónomos y empresarios tienen trabajadores en plantilla afectados por la evolución del SMI.
«Se habla todo el día de la España rural, de la despoblación, pero, ¿qué pasa con el campo?»
Junto a este problema, Garamendi señala el de los trabajadores del campo: «Se habla todo el día de la España rural, de la despoblación, pero, ¿qué pasa con el campo? ¿Por qué es tan difícil aplicar un criterio sobre la Seguridad Social para hacer una pequeña compensación del 20 %? ¿Tan difícil es ajustar esos contratos cuando estamos viendo un aumento del gasto enorme en estos momentos en nuestro país para los Presupuestos?».
La CEOE está pendiente de esta cuestión y de la indexación del SMI a los contratos públicos, entre otros motivos, para ver cómo avanza la negociación.
Reticencias de Montero
Sobre la segunda, María Jesús Montero ya ha mostrado sus reticencias: «No vamos a hacer ninguna cuestión que haga que el coste de los servicios públicos se incremente en relación con lo que actualmente venimos prestando. Y tampoco parece lógico que las subidas del salario mínimo interprofesional recaigan sobre las cuentas públicas que pagamos todos los ciudadanos».
La responsable de Hacienda ha animado a que haya un acuerdo equilibrado en el marco del diálogo social para que se produzca una subida del SMI que corresponde este año, y que beneficia «a tantas familias y a tantos convenios colectivos».
En el marco de las negociaciones con agentes sociales para subir el SMI, el Ministerio de Trabajo ha mostrado su disposición a estudiar la repercusión de algunas contratas públicas afectadas por la subida del SMI –planteado por Trabajo en el 4 %– para trasladárselo a los ministerios competentes. La patronal lleva tiempo pidiendo que se indexe el SMI a los contratos públicos, una demanda con la que, a priori, están de acuerdo los sindicatos.
CCOO y UGT han recordado que esta «no es una decisión» sólo de Trabajo. El Ministerio de Economía y el de Hacienda son los competentes, por lo que desde Trabajo han apuntado que primero «tendrán que hablar entre ellos».
