Las tres opciones de una SEPI sin liquidez para hacerse con el 10 % de Telefónica

Un cuarto de siglo después de la privatización de Telefónica, el Gobierno vuelve a entrar en la operadora para evitar que el Reino saudí se convierta en su primer accionista. Pero las formas y sobre todo los tiempos empleados amenazan con disparar el precio de una complicada operación que, al final, parece que acabarán pagando todos los españoles.

Con los actuales precios de mercado, la operación está valorada en unos 2.000 millones de euros. El problema es que las cuentas de la SEPI, arma del Estado para intervenir empresas, no cuadran. Según su último informe anual, el grupo cuenta con un patrimonio neto de 2.222 millones de euros y 213 millones para inversiones, por lo que será necesario una inyección de capital para acometer la operación.

«La operación requiere que haya una transferencia de los Presupuestos Generales para hacer la operación o que pida un crédito sindicado entre varias entidades», explica Carlos Balado, profesor de OBS Business School y director de Eurocofín. Otra posibilidad es que la SEPI vaya comprando distintos paquetes accionariales de manera regular y periódica en el mercado para ir adquiriendo ese 10 % a lo largo del tiempo para no encarecer esa compra”, agrega.

Claro que todas las opciones implican riesgos. Una transferencia de los Presupuestos supondría un aumento de deuda en plena vuelta de las reglas fiscales que incluyen un cumplimiento de déficit al que el Gobierno no va a llegar. La firma de un crédito, por otro lado, implicaría también un aumento de deuda en modo de pago de intereses.

José Ramón Riera, presidente de De Madrid a Europa y colaborador habitual de El Debate, apunta a que el Gobierno podría realizar la compra a través del Tesoro Público en nombre de la Administración General del Estado (AGE). Así, se firmaría un convenio con la SEPI por lo que la deuda pasaría a los Organismos Autónomos.

«Por consolidación, esta deuda se contabilizaría en este último y no en la AGE, como ya ocurre con Cataluña. Así, no parece que el Gobierno es el que se ha endeudado, aunque lo paguemos todos», revela. Tras un aumento de la deuda de más de 400.000 millones desde su llegada al Ejecutivo, a Pedro Sánchez le costaría justificar esta vía.

Cotización disparada

Además, el anuncio de la SEPI ha disparado la cotización de la operadora, que este miércoles cerraba con un aumento del precio de las acciones del 3,2 % después de que el ERE que negocia con los sindicatos haya hundido el valor de las acciones en la última semana. «La entrada de un Estado da seguridad en los mercados, por lo que la cotización sube. La forma de graduar este coste para el Estado es hacerlo de la manera más lenta posible», comenta al respecto Balado.

Los saudíes, por su parte, necesitaron de seis meses para hacerse con el 9,9 % y los analistas consultados prevén que al Gobierno le llevará más tiempo, entre seis y siete meses, todo ello mientras se encarecen las acciones. «Entiendo que el Estado se marcará un tope de precio y que esto requerirá tiempo, la alternativa es dejar que pase la euforia de los primeros días hasta que el precio se estabilice», concluye.

De momento, la SEPI ya ha hecho público que contratará un asesor financiero y un intermediario el Bolsa para comprar las acciones «en el menor tiempo posible» y «minimizando el impacto que pueda tener en la cotización de la compañía». Queda por ver a cuánto sale esta cuenta.