El presidente del gobierno, Pedro Sánchez.
El «no» de Junts encarecerá la factura de luz, gas, alimentos y transportes
Los independentistas catalanes no apoyarán la prórroga del decreto anticrisis si no se retira los artículos de la reforma judicial relativos a la amnistía
La rebaja del IVA de la luz, la subida de las pensiones o la reforma del subsidio de desempleo aprobadas por el Gobierno en las últimas semanas de 2023 se encuentran en el aire ante la negativa de Junts de apoyar la convalidación de los decretos que incluyen estas medidas.
El Congreso debate este miércoles tres reales decretos leyes aprobados en diciembre: uno con el octavo paquete de medidas para combatir los efectos de la inflación, otro con la reforma del subsidio de desempleo y una norma ómnibus con las reformas pendientes comprometidas en el Plan de Recuperación.
El paquete antiinflación incluye, entre otras medidas, la gratuidad del Cercanías y los trenes de media distancia, la rebaja del 30 % del transporte urbano e interurbano, la rebaja del IVA de la luz y el gas al 10 % –en este último caso, solo el primer trimestre– y el IVA cero para los alimentos básicos.
También la subida de las pensiones contributivas en un 3,8 %, la eliminación de las comisiones por retirada de efectivo en ventanilla para mayores de 65 años o la extensión de la prohibición de los desahucios para hogares vulnerables, así como la ampliación en un año del impuesto sobre las grandes fortunas y de los gravámenes sobre banca y energéticas.
Un segundo decreto reforma el subsidio de desempleo, que se amplía a colectivos hasta ahora exentos, como los menores de 45 años sin cargas familiares, y se eleva de 480 euros a 570 euros en los primeros seis meses y a 540 euros los seis siguientes, compatibles con el trabajo durante los primeros 180 días. Además, se permite a todos los trabajadores disfrutar de forma acumulada del permiso de lactancia y se introduce la prevalencia de los convenios autonómicos sobre los estatales.
El decreto ómnibus recoge las reformas pendientes para acceder al cuarto tramo de los fondos europeos, relativas a la justicia, el régimen local, el mecenazgo y, en materia económica, el contenido de la ley de función pública, que decayó con la convocatoria electoral, lo que incluye la introducción de la evaluación del desempeño de los funcionarios.
Los fondos europeos, en juego
El coste del paquete antiinflación es de 5.350 millones, según el Gobierno, por lo que en principio su retirada es positiva para las cuentas públicas, aunque no se ha detallado el impacto de cada medida. Los gravámenes sobre banca y energéticas y el impuesto sobre las grandes fortunas recaudaron en su primer año en vigor 3.528 millones de euros, que se perderían con su desaparición.
Pero al mismo tiempo se reduciría el gasto derivado de las ayudas al transporte (unos 1.360 millones, según el plan presupuestario) o las rebajas del IVA del gas, la luz y los alimentos (unos 4.500 millones en 2023, según la AIReF, aunque en 2024 la cantidad sería inferior porque se bonificaría en menor medida). A esto habría que sumar la pérdida de 10.000 millones de fondos europeos por no cumplir los hitos del Plan de Recuperación, aunque esto dependería de la evaluación de la Comisión Europea.