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La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz (i), y la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero (d), conversan durante una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados, a 30 de marzo de 2023, en Madrid (España). El Pleno del Congreso se reanuda hoy con el debate de convalidación o derogación del Real Decreto-ley 2/2023 de medidas urgentes para la ampliación de derechos de los pensionistas, la reducción de la brecha de género y el establecimiento de un nuevo marco de sostenibilidad del sistema público de pensiones. También se debatirá el informe de la Subcomisión para el estudio de un Pacto de Estado contra el Antigitanismo y la Inclusión del Pueblo Gitano, que plantea propuestas horizontales para combatir y prevenir el antigitanismo, erradicar la pobreza y la exclusión social y promocionar su participación; así como medidas sectoriales en los ámbitos de la educación, salud, empleo y vivienda, entre otras.
30 MARZO 2023;MADRID;CONGRESO DE LOS DIPUTADOS;DERECHOS PENSIONISTAS
Eduardo Parra / Europa Press
(Foto de ARCHIVO)
30/3/2023

Yolanda Díaz y María Jesús MonteroEP

Yolanda Díaz pasa a Montero la pelota del incremento del salario mínimo a sabiendas de que no cederá

Hacienda se niega a indexar la subida de los contratos públicos al SMI, como reclama la patronal y apoyan los sindicatos

La negociación para la subida del salario mínimo interprofesional sigue bloqueada después de que este lunes no se alcanzara ningún acuerdo en la reunión mantenida por patronal, sindicatos y Trabajo. Las diferencias entre los actores involucrados son mínimas, pero un asunto dificulta especialmente las conversaciones: la indexación de los contratos públicos al SMI. El Ministerio que dirige Yolanda Díaz ha pasado la pelota a Hacienda, que no parece dispuesta a ceder.

Se da la paradoja que tanto patronal como sindicatos están de acuerdo con aplicar la subida de los contratos de la Administración –las licitaciones públicas, no el salario de los funcionarios–, pero Trabajo ya les ha trasladado la negativa del Ministerio de Hacienda. «No parece lógico que las subidas del salario mínimo interprofesional recaigan sobre las cuentas públicas que pagamos todos los ciudadanos», comentó María Jesús Montero sobre el asunto. Que recaiga en los empresarios es otra historia.

La patronal ha reivindicado en varias ocasiones que la indexación se trata de una demanda razonable –especialmente en el sector de los autónomos–, mientras que los sindicatos son favorables a la revisión de los precios en circunstancias excepcionales y cuando se pueda demostrar de manera «fehaciente».

Para Trabajo, la situación es de dulce. Al tiempo que se muestra favorable a la indexación, deja la pelota en dos ministerios socialistas como son Economía y Hacienda. Aparte de Nadia Calviño, ahora en el BEI, Montero era otra de las figuras del Gobierno con la que Díaz también tuvo algún encontronazo, como ocurrió con la negociación por la Inspección de Trabajo.

Subida del 4 %

La subida del SMI es, a priori, la que menos complicaciones plantea. La patronal defiende una subida del 3 % con un 1 % adicional en función del IPC y el Gobierno se cierra en banda en el 4 %. Los sindicatos consideran que debería incrementarse al mismo nivel que las pensiones mínimas contributivas, entre un 5 y un 7 %, aunque fuentes sindicales apuntan a que están dispuestos a bajar sus expectativas si la CEOE cede.

En cualquier caso, todo indica que la patronal así lo hará, especialmente después de que Joaquín Pérez Rey –secretario de Estado de Trabajo y la cara menos amable del Ministerio– haya advertido a la CEOE de una subida «más ambiciosa» en caso de que se baje de las negociaciones.

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