«¡Por fin nos vemos con la ministra de Vivienda!»

«¡Por fin nos vemos con la ministra la semana que viene!», me comentaba el otro día con júbilo una empresaria del inmobiliario que ocupa un cargo institucional de relevancia en representación de los intereses de promotores y constructores. La convocatoria se antoja notición, conocido el hecho de que este Gobierno no tiene por costumbre reunirse con los sectores a los que afectan sus políticas. Pero no es el caso de Isabel Rodríguez, la cuarta ministra de Vivienda de la democracia después de María Antonia Trujillo, la añorada Carme Chacón y Beatriz Corredor en la era Zapatero. La exportavoz del Ejecutivo parece haber cogido su nueva cartera con ganas y sí que está oyendo las demandas del sector. A su ritmo, pero lo está haciendo. Otra cosa es que tenga alguna intención de atenderlas.

Y eso que empezó con buen pie cuando dijo aquello tan sensato de que quería lanzar «un mensaje de esperanza a los pequeños propietarios, porque somos conscientes de que en España muchas personas, especialmente personas mayores, dedicaron todo su esfuerzo y todos sus ahorros a la compra de una segunda vivienda que hoy complementa sus rentas». ¡La que le cayó por parte de la progresía más populista! El portavoz de Más Madrid, Íñigo Errejón, le acusó de «seguir alimentando el bloque social rentista» y algún medio de parte se encargó de abundar en la crítica publicando su declaración de patrimonio, que en 2022 incluyó unos ingresos de más de 5.000 euros por rentas de alquiler. «La ministra de la segunda vivienda» la llaman con muy mala baba desde entonces los sindicatos de inquilinos. Y de inquilinas, claro.

Pero el tiempo pasa y dos meses después de su toma de posesión, Isabel Rodríguez ha presidido su primera Conferencia Sectorial de Vivienda, Urbanismo y Suelo con los consejeros de las comunidades autónomas, a quienes ha trasladado la necesidad de firmar un Pacto de Estado por la Vivienda junto a los ayuntamientos y al sector privado. Sus palabras han sonado a música celestial en la España del muro y la crispación permanente. Lástima que pronto lo estropeara al anunciar que el Ministerio presentará en febrero el Índice de Precios de Referencia del Alquiler, una de las principales medidas que emanan de la Ley de Vivienda que se aprobó la pasada primavera y que ha venido a restringir aún más la oferta, como venía advirtiendo el sector desde que la presentaron en sociedad los portavoces de Bildu y ERC. El consenso augura que los alquileres se encarecerán este año por encima del 4 %, en un contexto en el que promotores e inversores están dando la espalda al mercado. Por culpa de la inseguridad jurídica que genera una norma cuyo pecado original va mucho más allá de la invasión de competencias autonómicas. Por culpa del intervencionismo que rezuma cada uno de sus postulados. Por culpa de la limitación a las actualizaciones de las rentas, la posibilidad de gravar más las viviendas vacías o la creación de las controvertidas zonas tensionadas de alquiler, entre otras muchas imposiciones del gusto de los independentistas catalanes, fundamentalmente.

Isabel Rodríguez ha heredado un ministerio que se enfrenta a una escasísima oferta de vivienda, unos precios desorbitados que van a seguir subiendo y una evidente espantada de las inversiones. Pero sobre todo, ha heredado una Ley nefasta que las comunidades autónomas se están viendo obligadas a aplicar en buena medida, a pesar los recursos de inconstitucionalidad que han presentado las regiones del PP con Isabel Díaz Ayuso a la cabeza. “Después de levantar los cuatro pilares de la sanidad, la educación, las pensiones y la Ley de dependencia, la vivienda va a ser la quinta columna del Estado del bienestar", declaraba ufana Rodríguez tras confirmar que los Presupuestos de 2024 incluirán un incremento del Bono Alquiler Joven y anunciar el reparto de 430 millones de euros entre las comunidades con cargo a los fondos europeos.

Lo que no explicó es cómo va la macrooperación para poner en el mercado un total de 183.000 viviendas de alquiler asequible, que fue la promesa estrella de Pedro Sánchez en la campaña para las elecciones del 28-M, pero que se olvidó de incluir en las generales de julio en vista de que a nadie le salían los números. Ahora la ministra se refiere a «las 183.000 de la Sareb, el ICO y los terrenos de Defensa» con la boca cada vez más pequeña cuando se le pregunta. Pero sigue acertando de pleno, eso sí, al relanzar la idea de un Pacto de Estado por la Vivienda. En eso nos encontrará a todos, siempre que no haya que tragar con el argumentario de que los responsables de que tanta gente busque casa y no la encuentre, la tienen los pisos turísticos, los fondos buitre y los malvados propietarios, cuando la principal culpable es la regulación de los últimos cinco años. Por soñar que no quede.

*Susana Burgos es periodista especializada en economía y empresas y consultora de comunicación corporativa e institucional