El portazo de Ribera a Madrid y Andalucía deja en el aire miles de millones en inversiones eléctricas

El Gobierno ha dejado fuera a Madrid y Andalucía de las nuevas inversiones en redes eléctricas. Se les destinarán, respectivamente, el 0 % y el 2 % de la inversión aprobada, que alcanza de momento los 321 millones de euros, aunque en principio habrá 931 millones disponibles. En Madrid se ponen en peligro proyectos por 16.000 millones, y en Andalucía, también por un importe significativo.

El Gobierno había anunciado que destinaría 931 millones de euros adicionales para financiar parcialmente el coste de actuaciones en el Plan de Desarrollo de la Red de Transporte de Energía Eléctrica en el horizonte 2026. Se hará con cargo a la adenda del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia aprobada el pasado octubre por la Comisión Europea (Inversión 14 del Componente 31, ligado a los fondos RePowerEU).

Sin embargo, por el momento solo ha aprobado para esta planificación modificaciones que requieren una inversión de 321,2 millones. 609,8 millones se quedan sin utilizar.

El plazo para hacer alegaciones a estas modificaciones (nuevas conexiones a la red) venció el pasado 12 de enero. El Ministerio para la Transición Ecológica ha dejado al margen a las distribuidoras.

En esta modificación de la planificación, el Ejecutivo ha decidido que el abastecimiento eléctrico para grandes consumidores se realice directamente desde la red de transporte, sin pasar por la red de distribución. Por ejemplo, para la futura gigafactoría de Volkswagen en Sagunto (Valencia) o los proyectos de Cepsa en Algeciras y Huelva. Este es el detalle de las actuaciones.

Estas nuevas conexiones a la red han excluido a todos aquellos clientes que ya están conectados a la red de distribución, de modo que se quedarán sin posibilidad de acceso y no podrán electrificar su operativa. Es el caso de algunos puertos, como el de Sevilla o Bilbao; proyectos como la planta de hidrógeno de Repsol en País Vasco o centros de procesamientos en la Comunidad de Madrid. Los promotores de algunos de estos proyectos de data centers, incluso, han estado dispuestos a hacerse cargo de los costes de acceso a la red eléctrica, sin éxito, viéndose obligados a buscar otros países.

610 millones sin utilizar y Madrid y Andalucía sin inversiones

Pese a contar con 931 millones, el Gobierno solo ha aprobado estos 321 millones, dejando 609,8 millones sin utilizar, lo que ha provocado especialmente las quejas de Madrid y Andalucía.

La Junta de Andalucía se ha quejado ya de que la región sólo recibirá el 2 % de los 321 millones aprobados. En el caso de la Comunidad de Madrid es el 0 %. Además, el Gobierno de Pedro Sánchez podría usar los casi 610 millones pendientes para favorecer a aquellas autonomías gobernadas por el PSOE o por otros partidos que le ofrezcan apoyo parlamentario (Junts).

Los decretos de Rajoy

Por otro lado, el Ministerio para la Transición Ecológica recuerda que las modificaciones del Plan 2021-2026 deben respetar los límites de inversión anual establecidos por el Real Decreto 1047/2013, de 27 de diciembre, por el que se establece la metodología para el cálculo de la retribución de la actividad de transporte de energía eléctrica.

En conclusión: España está perdiendo de nuevo la oportunidad de industrializarse, ganar competitividad y crear empleo.

Nueva planificación y retribución de redes

El Gobierno tiene previsto comenzar en breve la tramitación de una nueva Planificación de la red de transporte de energía eléctrica para el periodo 2025-2030. Asegura que tendrá alcance mucho más amplio que el de estas modificaciones puntuales, que será crítica para el cumplimiento de los objetivos del PNIEC.

El periodo regulatorio de seis años para el que está definida la retribución a las redes de transporte y distribución expira a finales de 2025. El siguiente periodo regulatorio se extenderá entre 2026 y 2031. Está previsto que la CNMC someta a consulta pública en 2024 las primeras propuestas sobre retribución a las redes de transporte y distribución de electricidad.

La competencia de la tasa de retribución de las redes es de la CNMC, un organismo independiente, pero el Gobierno ha puesto límite a esta tasa; es decir: la CNMC no tiene autonomía para decidir la retribución de las inversiones en redes.

Esos límites son del 0,065 % del PIB en la red de transporte y del 0,13 % del PIB en la red de distribución, como explican desde Fedea.