El secretario general de UGT, Pepe Álvarez (i), y el secretario general de CC.OO., Unai Sordo (d)
La intransigencia de los sindicatos colmó el vaso de los agricultores y costará ahora más de 270 millones
CCOO y UGT se negaron a tratar las bonificaciones en las cotizaciones de la Seguridad Social al campo durante la negociación del SMI
El sector primario lleva varios años en una situación muy complicada. A las sequías endémicas que merman cada año la producción, el agropecuario se ha encontrado con un incremento desorbitado de los costes consecuencia de la invasión rusa de Ucrania. Durante la negociación para la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), la patronal pidió una bonificación de las cotizaciones para poder hacer frente al aumento. Los sindicatos, sin embargo, se negaron, y ahora claman contra los manifestantes.
«De vez en cuando se pregunta por qué las protestas agrícolas no se vehiculizan a través a través de los sindicatos de clase», reflexionaba Unai Sordo para añadir que quienes se están movilizando «no son trabajadores por cuenta ajena, sino empresarios del campo».
Sus declaraciones, por supuesto, han sentado como un tiro a los manifestantes en un sector con un importante porcentaje de autónomos. En España hay menos de 168.000 afiliados al Sistema Especial de Trabajadores Agrarios del RETA –su valor más bajo de la serie histórica– frente a los 675.000 asalariados del Sistema Especial Agrario del Régimen General. Es decir, apenas el 20 % del sector, estos «empresarios de campo», ha logrado llevar al país al borde del colapso en apenas dos días. Junts necesitó más votos.
Los sindicatos rechazaron las deducciones al campo alegando que el sector no cumple los convenios
Pero lo que omite el líder de CCOO es que fueron precisamente los sindicatos los que se negaron a satisfacer las demandas de estos trabajadores en la última negociación del SMI. Las asociaciones, a través de la patronal, aceptaron un incremento siempre y cuando se bonificaran las cotizaciones a la Seguridad Social. Sin embargo, los representantes sindicales rechazaron estas deducciones alegando que el sector no cumple los convenios.
Ayuda de 270 millones
El incremento del SMI supone para el empresario un aumento del coste laboral por empleado de unos 85 euros mensuales. Los 313.000 trabajadores del campo que el sector calcula que cobran actualmente el mínimo supondrían un mordisco para el empleador de casi 320 millones. Si a esto le añadimos que muchos productores tienen que vender a pérdidas, la negativa de los sindicatos a abordar la bonificación de las cotizaciones es «la gota que ha colmado el vaso», como señalan fuentes del sector.
De momento, las protestas han tenido su efecto, y el Gobierno ya ha comprometido 270 millones en ayuda extraordinaria, la simplificación de la PAC y el «fortalecimiento» de la ley de Cadena Alimentaria, clave para garantizar los beneficios de los productores, y que se lleva incumpliendo desde hace años.