Décadas de indiferencia y subvenciones a discreción condenan al campo a una lenta agonía: «Llevamos años perdiendo dinero»

El conflicto de los agricultores sigue intensificándose a pesar de las promesas de Pedro Sánchez de aumentar las ayudas y garantizar el cumplimiento de la ley de cadena alimentaria. Las demandas de los manifestantes son diversas, pero detrás se oculta el paulatino deterioro de un sector sostenido a base de ayudas públicas cuyo abandono político parece abocarle a la extinción.

La situación de agricultores y ganaderos es, desde hace unos años, nefasta. Junto a las sequías endémicas que sufre nuestro país, el campo se ha encontrado con un incremento de costes como consecuencia de la invasión rusa de Ucrania, importante exportador de cereal, fertilizantes, además de la crisis energética. Por el lado político, la nueva PAC, la reforma laboral y las sucesivas subidas del SMI –un 54 % desde 2018– han dejado tiritando los escasos márgenes del sector, en muchos casos inexistentes.

«Llevamos unos cuantos años perdiendo dinero», comenta Fidel del Olmo, un agricultor que cuenta con una importante explotación al este de la Comunidad de Madrid. «Los costes son muy elevados y no nos pagan lo que cuesta producir, encima Europa no pone más que trabas», añade.

Para este agricultor, uno de los principales problemas es que la venta por debajo del precio de coste. «Nos ponen el precio cuando compramos el gasóleo, el abono o el herbicida, y también cuando vendemos el trigo, la carne o la leche», señala.

Juanjo Álvarez, experto en fiscalidad de ASAJA, coincide en que la «falta de equilibrio» está provocando la ruina del sector. «Tenemos una ley de cadena alimentaria que entró en vigor tras las movilizaciones de hace cuatro años y no funciona, seguimos igual, seguimos vendiendo por debajo de costes porque no tenemos suficientes inspectores», asegura.

«Habría que incrementar las inspecciones para asegurarse que los agricultores y ganaderos reciban un precio razonable para que puedan vender por encima de los costes de producción y no a pérdidas, como está pasando en la mayor parte de sectores», lamenta.

Este texto establece que las operaciones deben tener en cuenta los costes de cada eslabón –producción, industria y distribución– y puede imponer sanciones de hasta un millón de euros en caso de irregularidades. En lo que llevamos de 2024, la Agencia de Información y Control de Alimentos (AICA, dependiente de Agricultura) había impuesto 34 multas, principalmente por incumplir de los plazos de pago o no formalizar por escrito los contratos.

El problema es que no hay una lista de todos los costes de producción de lo que genera el campo y son varias las asociaciones que llevan reclamando al Ministerio la creación de un observatorio que se centre en conocer en detalle lo que soporta cada uno de los eslabones de la cadena, como ocurre en Francia. Este desinterés, según apuntan fuentes del sector, es consecuencia de las subvenciones de la Política Agraria Común (PAC) que los agricultores llevan recibiendo desde hace décadas.

Las ayudas de la PAC se han reducido drásticamente para el periodo 2023-2027

El objetivo de la PAC es apoyar a los agricultores a mejorar la productividad, asegurando un suministro estable y garantizando «un nivel de vida razonable», según la Comisión Europea. En el periodo 2014-2020 se repartieron 47.500 millones para 700.000 agricultores y ganaderos –unos 6.800 millones anuales–, pero para el periodo 2023-2027, el sector está denunciando «recortes drásticos». El propio Ejecutivo ha reconocido que, en 2023, el importe total de las ayudas directas ha ascendido a 4.875 millones.

Hasta ahora, los agricultores aceptaban vender por debajo de los costes y cubrir las pérdidas con las ayudas de la PAC, en algunos casos millonarias en función del producto y el número de hectáreas. Sin embargo, con los recortes y los brutales aumentos salariales y de insumos, las cuentas ya no cuadran con o sin subvención.

«Fortalecer» la ley

Sánchez ya ha anunciado el «fortalecimiento» de la ley de cadena alimentaria, pero habrá que ver en qué se concreta su promesa. A pesar de las demandas de los agricultores, industria y distribución no está muy interesada en un establecimiento de precios similar al francés.

En cualquier caso, es necesaria una reforma mucho más amplia y profunda del sector para garantizar su sostenibilidad. En cinco décadas, el campo ha pasado de suponer el 20 % del empleo de nuestro país a apenas el 3,7 %, mientras que su importancia en el PIB nacional ha caído al 2,2 %, porcentajes muy exiguos para figurar en las agendas electorales.