Planas anuncia la creación de una nueva agencia de control alimentario para tapar el fracaso de la anterior

El Gobierno ha presentado a las organizaciones una ristra de 18 medidas para intentar poner fin a las protestas y tractoradas que desde hace una semana están colapsando algunas de las principales autovías del país.

Entre ellas destaca la creación de una agencia estatal de control para garantizar el cumplimiento de la ley de la cadena, a pesar de que ya existe un organismo de estas características que apenas ha impuesto ocho sanciones por comprar por debajo del coste de producción en los diez años que lleva de funcionamiento.

La idea del ministro de Agricultura, Luis Planas, es que esta agencia incremente la capacidad que actualmente tiene la actual Agencia de Información y Control Alimentarios (Aica), encargada de establecer y desarrollar el régimen de inspección necesario para el cumplimiento de la ley de cadena alimentaria.

La Aica, cuyo presupuesto ha pasado de 5,6 millones en 2014 a los 9,3 de 2023 –un 67 % en 10 años– es la responsable de que se sanciona a los que compren por debajo del coste de producción, la venta a pérdidas, una queja recurrente de los agricultores. Sin embargo, desde su creación, esta agencia solo ha impuesto ocho sanciones por este motivo, todos ellos en el comercio minorista. Ni un solo caso en industria o distribución.

¿Significa esto que las grandes empresas no incurren en irregularidades? Las denuncias contra la industria o las grandes superficies por este motivo son anecdóticas, aunque fuentes del sector apuntan a que los agricultores prefieren pasar por el aro con precios por debajo del coste antes que arriesgarse a perder la producción, provocando un círculo vicioso.

Pero volviendo al asunto de la nueva agencia, Planas ha anunciado que para reforzar la inspección en el sector publicará multas graves y muy graves impuestas a las empresas por infringir la ley, una medida «muy pedagógica» que permitirá evitar el daño reputacional.

Paradójicamente, la actual Aica ya publica estas sanciones con nombres y apellidos, por lo que cabe preguntarse si es necesario la creación de una nueva agencia cuando ya hay en marcha una que en sus diez años de existencia apenas ha acumulado 14 millones de euros en sanciones a pesar de haber gastado 70 millones de presupuesto.

La respuesta puede estar en su personalidad jurídica. A diferencia de la Aica, que es un organismo autónomo, la institución que planea crear el Gobierno es una agencia estatal, regulada por ley y no por el derecho administrativo, como es el caso de las primeras. En definitiva, el Gobierno tendría libertad para definir su capacidad de intervención a través de una legislación propia.