El aumento del fraude en la venta de combustible ya afecta al 8 % de las gasolineras

Productores y distribuidores de carburantes andan con la mosca detrás de la oreja ante el aumento de minoristas que están comercializando combustible por debajo del precio de coste. Aunque el Gobierno movió ficha en el pasado diciembre para evitar el fraude, la situación no ha hecho sino empeorar y el sector pide mayor determinación.

En su decreto ley ómnibus, aprobado el pasado diciembre, el Ejecutivo ya reconocía que «se han detectado crecientes prácticas fraudulentas» por la aparición de modelos de negocio «no previstos» en la redacción de la anterior ley. «Esto ha facilitado enormemente el fraude por parte de algunas empresas que están perjudicando al resto del sector y tiene un impacto directo en el consumidor por cuanto afecta al precio final de los carburantes», añadía.

Concretamente, el texto apuntaba a prácticas fraudulentas por el incumplimiento de obligaciones sectoriales y fiscales, provocando un problema de competencia desleal en un sector en el que hay dadas de alta como operadores al por mayor más un centenar de empresas.

Aproximadamente el 8 % de las estaciones de servicio ofrece precios por debajo del coste de producción. Al precio del combustible hay que añadir un componente BIO, gastos de seguridad y la aportación al fondo de eficiencia energética cuyo total encarece el producto en unos seis o siete céntimos por litro.

Actualmente existen diferentes modalidades de fraude, siendo el que recae sobre el IVA. Los operadores y distribuidores fraudulentos simulan ventas a sociedades creadas ad hoc sin repercutir el IVA para luego revenderlo a distribuidores finales. Del listado de morosos de la propia Agencia Tributaria se desprende que el fraude, entre operadores al por mayor y al por menor, asciende hasta los 700 millones de euros.

Otra cuestión es el contenido bio. La legislación establece que los combustibles destinados al transporte deben tener un porcentaje de biocarburante para reducir las emisiones de GEI. Sin embargo, conforme aumentan las obligaciones, también incrementa el importe no ingresado por el déficit de certificados, que en 2022 superó los 95 millones de euros.

Las principales asociaciones de productores y distribuidores, si bien reconocen que el decreto ley por fin aborda esta cuestión, creen que la nueva legislación es todavía insuficiente y piden inhabilitar de manera permanente a aquellos operadores al por mayor que incurran en infracciones muy graves y la necesidad de aumentar el control de los objetivos de incorporación de biocarburantes al transporte, pasando de las actuales verificaciones anuales a unas trimestrales.