Moncloa teme daños colaterales en la investigación del móvil del fiscal general García Ortiz

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, «nunca pensó que se pudiese accederse» a sus comunicaciones, incluidas las conversaciones de Whatsapp de sus dos teléfonos móviles, el personal y el profesional, contenidos ambos en un mismo terminal, de manera tan directa. Pero, a medida que pasa el tiempo y avanzan las pesquisas de los agentes de la Guardia Civil que se encargan del «volcado» y del análisis de la información contenida en los dispositivos incautados durante el registro a su despacho, García Ortiz ha ido tomando «conciencia de la gravedad de lo ocurrido» y de que «esto va en serio», apuntan varias fuentes de la Fiscalía consultadas por El Debate.

Quizás por ello, esta misma semana, en la sesión de control al Gobierno que se celebraba en sede parlamentaria, la popular Cayetana Álvarez de Toledo interpelaba «por alusiones del señor pseudoministro de Justicia», Félix Bolaños, haciendo alusión al asunto que tanto quita el sueño a Moncloa en los últimos tiempos.

La diputada aseguraba que Bolaños «tiene miedo» de lo que pueda salir del registro de los dispositivos del fiscal general del Estado por si aparecen otras cosas: «Correos o conversaciones comprometedoras, incluso nuevos delitos de García Ortiz o de otros. Es la doctrina del hallazgo casual. ¿No se le habrá ocurrido maniobrar con el fiscal general contra el novio de Ayuso, a favor de Begoña Gómez o en beneficio de Puigdemont, en contra del criterio de los propios fiscales del proceso?».

No en vano, tanto Álvarez de Toledo como quienes se encuentran en el círculo más próximo a la cúpula de la Fiscalía son conscientes de que los datos incautados que se pondrán a disposición judicial, en cuanto los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) terminen de analizarlos, coinciden en las fechas rastreadas con la aprobación de la Ley de Amnistía y los primeros pasos de la Justicia contra el entorno político (José Luis Ábalos) y familiar (el hermano, David Azagra y la mujer, Begoña Gómez) del presidente del Gobierno.

En el Ejecutivo temen que entre los mensajes que envió y recibió García Ortiz, e incluso entre aquellos que pudo borrar pero que puedan ser recuperados por los agentes policiales asignados al caso, haya conversaciones comprometidas. El ordenador, la tablet y los dos móviles del fiscal general del Estado están siendo y clonados entre el 8 y el 14 de marzo y «se va a saber todo».

No en vano, la Abogacía del Estado que representa los intereses de la institución, en paralelo a los del García Ortiz que para el caso ha designado un abogado particular, trataba de impedir que se continuase con las pesquisas instando la nulidad del registro practicado en su despacho, el pasado día 29 de octubre, e invocando la existencia de «secretos de Estado». Sin embargo, el magistrado Ángel Hurtado sostenía en un auto de 18 de noviembre que no se divulgaría la información «altamente sensible» que se pudiera localizar como resultado de las averiguaciones practicadas sobre el teléfono del fiscal general.

El Alto Tribunal ha acotado, perfectamente, los días a los que ha de ceñirse la investigación en curso, declarada secreta, para el análisis de la información, pero no ha detenido el volcado de la misma. El instructor no está dispuesto a poner en ningún compromiso la seguridad del Estado. Cuestión diferentes es que resulte comprometida la seguridad de ciertos cargos del Estado. «Si se detectan nuevos delitos como resultado de las pesquisas, tendrán que ponerse en conocimiento de la Justicia», confirman a El Debate fuentes próximas a la investigación.