Doce horas, siete guardias civiles, dos móviles y varios ordenadores incautados en el registro del despacho de García Ortiz

Eran poco más de las once de la noche cuando los mismos agentes que llegaban por sorpresa doce horas antes a la Fiscalía General del Estado (FGE) abandonaban, con la discreción propia de la policía judicial, las inmediaciones del edificio donde se ubica el despacho de Álvaro García Ortiz, que a su llegada se encontraba trabajando. Lo hacían cargados con una copia de todos los documentos físicos y el contenido de sus dos números móviles, la tablet y varios ordenadores propiedad del titular del Ministerio Público, imputado por un presunto delito de revelación de secretos, correspondientes a un período de siete meses, con especial interés en lo ocurrido entre los días 8 y 15 de marzo de este mismo año.

La comitiva de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil salía por la puerta principal de la institución a la que había accedido, a primera hora de la mañana, por primera vez en la historia en calidad de policía judicial, por orden del magistrado del Supremo Ángel Hurtado, instructor del caso que investiga la supuesta implicación de García Ortiz en las filtraciones de datos confidenciales del novio de Isabel Díaz Ayuso, contenidos en el marco de un pacto de conformidad por un posible delito tributario del empresario.

Un total de siete agentes, varios de ellos técnicos especializados en asuntos informáticos cumplían así con la misión de recabar del despacho del máximo responsable de la institución del Ministerio Fiscal toda la información relevante para el caso. En el auto del juez Hurtado, al que ha tenido acceso íntegro El Debate, se contemplaba, para ello, el volcado de las cuentas de correo electrónico, los perfiles de redes sociales y cualquier otro repositorio de información en Internet de «Álvaro» como se mencionaba a García Ortiz a lo largo del cuerpo de la resolución dictada, que fuese útil para la causa.

El magistrado había acordado, también, permitir a los agentes –varios pasos más allá de la diligencia solicitada por los abogados de la pareja de Díaz Ayuso, que instaron la reclamación a Google de todos los mails de sus cuentas, relativos a la materia investigada– la aprehensión del teléfono o teléfonos móviles del fiscal general así como otros dispositivos informáticos o telemáticos que pudiera portar, en un registro debía de durar «las horas que resulten precisas» para dar con lo necesario.

Los agentes de paisano de la UCO, conscientes del encargo, custodiaron concienzudos y minuciosos, durante todo el tiempo en el que permanecieron en la Fiscalía, la puerta cerrada de un despacho en el que tres de sus compañeros, por turnos, volcaron «en espejo» toda la información sensible: documentos impresos, comunicaciones, mails y mensajes clonados que, a partir de ahora, tendrán que ser procesados y puestos a disposición del instructor para su análisis.

La causa permanecerá secreta durante el próximo mes y de ahí que el magistrado instructor del Hurtado haya podido decretar el registro antes, incluso, de que García Ortiz hubiese podido notificar quién será su abogado. La defensa del fiscal general, que a pesar de lo ocurrido seguirá en su cargo, recaerá en manos de la Abogacía del Estado.

Visiblemente «desencajado»

La medida adoptada ha supuesto un varapalo para el fiscal general del Estado que, sorprendido por la dimensión de las pesquisas, abandonaba su lugar de trabajo poco antes del mediodía acompañado de su mujer, también fiscal, visiblemente «desencajado», apuntan a este diario algunos testigos directos de lo ocurrido. García Ortiz «no se lo esperaba para nada», apostillan.

«Estaba seguro de que le iban a requerir la entrega de los e-mails» enviados y recibidos durante los días anteriores a la publicación de la nota de prensa de la Fiscalía de Madrid que da origen al caso pero «nunca pensó que se pudiese accederse» a sus comunicaciones, incluidas las conversaciones de Whatsapp, de manera tan directa. Quizás «desde ahora tome conciencia de la gravedad de lo ocurrido» y de que «esto va en serio», añaden varias fuentes a El Debate.

Lo cierto es que, este miércoles, la Fiscalía se convirtió en la protagonista inesperada de un episodio que «nadie habría deseado nunca» que se diese. No en vano, García Ortiz se disponía a presidir, a las 13.00 horas de ayer, un acto en el que la fiscal de Memoria Democrática Dolores Delgado, su predecesora en el puesto; la pareja de ésta, el ex juez Baltasar Garzón; y, el fiscal argentino Moreno Campo, ex miembro de la Corte Penal Internacional (CPI), tenían previsto presentar una revista especializada en Derechos Humanos. Un acto que resultó frustrado pero que no fue formalmente cancelado, por lo inesperado de la situación, dejando a los asistentes tan descolocados como le ocurrió al mismísimo fiscal general del Estado.