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El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz tras tomar posesión de su cargo en el Supremo

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz tras tomar posesión de su cargo en el SupremoEFE

Revelación de Secretos

La Asociación mayoritaria de Fiscales exige la dimisión «inmediata» de García Ortiz tras el registro de su despacho

«Es una situación sin precedentes, y su permanencia en el cargo resulta inadmisible en democracia. Un Fiscal General del Estado imputado jamás debería permanecer en el cargo», han manifestado en una carta remitida al titular del Ministerio Público

Los fiscales no ha tardado en exigir la «inmediata» dimisión de su máximo superior jerárquico, una vez más, desde que se hiciese pública la nota de la Fiscalía de Madrid que, presuntamente, reveló datos confidenciales del novio de Isabel Díaz Ayuso, tras el registro policial de su despacho. La insólita imputación del FGE, sin precedentes en la historia de nuestra democracia, han llevado a la presidenta de la Asociación mayoritaria de Fiscales (AF), Cristina Dexeus, a recordar que «la revelación por el Fiscal de hechos o datos conocidos en el ejercicio de su función que puedan ocasionar un perjuicio a la tramitación de un proceso o a cualquier persona es una falta muy grave».

«Es incomprensible que no se haya investigado inmediatamente por la inspección fiscal para determinar si la filtración de correos tuvo su origen en la Fiscalía y determinar los posibles autores», ha afeado Dexeus en una misiva remitida, este mismo martes, a la cúpula de la institución, que se ha hecho pública poco después de conocerse que una unidad de la Guardia Civil se ha personado, este mismo martes, en el despacho de García Ortiz para registrarlo e incautarse de todos sus dispositivos digitales.

Desde la AF sostienen que la actuación del FGE, y todos los sucesos que se sucederán como consecuencia de la instrucción judicial abierta contra él, «denigra la imagen de la institución y pone en tela de juicio nuestra profesionalidad. Es una situación sin precedentes, y su permanencia en el cargo resulta inadmisible en democracia. Un Fiscal General del Estado imputado jamás debería permanecer en el cargo».

Respecto a la filtración de datos personales por el cual ha sido imputado el FGE, Dexeus denuncia que «lo que es anómalo es que conociendo de la existencia de filtraciones, supuestamente producidas desde Fiscalía, no hubiese actuado la inspección fiscal e incoado el correspondiente expediente en averiguación del origen de las filtraciones y del autor de las mismas».

También señala que la situación a la que el FGE somete a la institución es «complicada, pues el Fiscal que represente en el procedimiento al Ministerio Fiscal seguirá siendo subordinado de Álvaro García Ortiz y esa posición quebrará la imagen de imparcialidad y neutralidad».

La inédita situación en que se encuentra el Ministerio Fiscal se refleja, entre otras cuestiones que se analizan en la carta enviada hoy a Álvaro García Ortiz, es la incógnita sobre la designación del fiscal del asunto, cómo será designado, quién será el designado; si estará afectado por una relación de amistad, parentesco o será alguno de los que participaron en la elaboración de la nota o si pudo ser quien participó en la filtración de correos.

«Es evidente que durante la tramitación de la causa sobrevolará la duda sobre las decisiones que adopte el Fiscal designado para el despacho del procedimiento penal abierto contra el FGE», avanza Dexeus en el texto.

«Todos los fiscales estamos incursos en causa subjetiva de abstención pues concurre un interés cuando menos indirecto, entendido como aquello que proporciona una ventaja o beneficio o le evita una carga o perjuicio. Interés derivado de una situación objetiva de dependencia jerárquica . El FGE tiene un variado elenco de funciones que son susceptibles de traducirse en ventajas o perjuicios como ascenso discrecional, suspensión, imposición de sanción…» Y concluye que «la lamentable situación que estamos atravesando va a salpicar a todos los fiscales de España».

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